El equipo de gobierno de la Vall d'Uixó no descarta abrir expediente a la empresa responsable de la recogida de residuos y limpieza viaria (Fobasa, antigua Secopsa) a fin de considerar la posibilidad de rescindir el contrato, como consecuencia de los recurrentes incumplimientos, tal y como dejó entrever ayer el concejal de Medio Ambiente, Jordi Julià que, aunque negó que en la actualidad se haya tomado esta decisión, no se descarta que pueda pasar en el futuro, de hecho señaló que «se puede abrir», dando por hecho que existen razones objetivas para ello.
La cuestión es que Julià reconoció ayer que, a pesar de que se han mejorado algunas exigencias contractuales en el último año, como la renovación de vehículos (dos de los tres camiones que se destinan al servicio de recogida de basura) o la contratación mínima de personal, todavía no se cumple con las frecuencias y los horarios de paso, la limpieza, mantenimiento y renovación de contenedores, los servicios en determinadas zonas o el uso de productos de desinfección, por poner algunos ejemplos.
La situación es tan grave que en el pleno celebrado el miércoles por la tarde, se aprobó una deducción en contra de la empresa por valor de 772.463,90 euros por «servicios no prestados». Esta cantidad se corresponderían con incumplimientos acumulados entre los meses de junio de 2014 y julio de 2016 «que han sido valorados por los técnicos municipales», como defendió el edil.
Negociación y seguimiento
Desde que el tripartito accedió al consistorio no solo se negoció con la empresa la necesidad de mejorar el servicio, sino que se realizó un seguimiento para certificar que se cumplía con lo comprometido. «Cada mes los técnicos municipales cuantifican los incumplimientos» y «aunque las cantidades han ido disminuyendo en los últimos meses», siguen manteniéndose, como se constató en el acuerdo plenario.
El ayuntamiento había pagado íntegramente las facturas mensuales que presentaba la empresa a pesar de saber que el trabajo realizado no se ajustaba al contrato pero, según Jordi Julià «según el procedimiento judicial marcado por parte de la jueza, tenemos que pagar y después reclamar por vía judicial los incumplimientos».
El concejal de Compromís denunció que «en la última etapa del PP no se reclamó nada» en este concepto, a pesar de que los técnicos ya advertían de que no se prestaban todos los servicios estipulados por lo que existiría «un enriquecimiento injusto de la empresa». Del período comprendido entre junio de 2014 y mayo de 2015 se deberían de haber reclamado 438.000 ?. «Por suerte, como no ha prescrito, lo hemos hecho nosotros», aunque Julià afeó que el PP votara en contra del acuerdo, una decisión que, desde su punto de vista «huele mal».
Jordi Julià explicó que la cantidad que el ayuntamiento reclama a Fovasa, después de aprobar la deducción en el pleno, «es importante y la recuperamos para las arcas públicas» lo que, entre otras cosas «nos permite poder bajar el IBI y tener una tesorería más cuidada». En cuanto a la posibilidad de abrir un expediente por acumulación de faltas graves lo que podría avalar una posible rescisión del contrato, el concejal explicó que eso quedaría en manos «de los funcionarios, que son los que valoran», aunque recordó que en la adjudicación realizada por el PP «no se incluyó una cláusula de rescisión»,
