Empezó a trabajar en prisiones en 1989 y, un año después, llegó a Castelló. Desde 1995, Julio García Guerrero es el responsable de los servicios médicos de la prisión Castelló I. Doctor en Derecho, diplomado en Sanidad, especialista en medicina familiar y comunitaria y máster en VIH y Sida, forma parte del comité organizador del congreso nacional de atención sanitaria penitenciaria que arranca hoy en Castelló.
El congreso lo han titulado «Sanidad penitenciaria: en la encrucijada», ¿qué encrucijada es esta?
Hay dos cuestiones fundamentales sobre las que vamos a debatir. Una es el envejecimiento de la población interna que está dando lugar a que tengamos que familiarizarnos con patologías que hace unos años nos resultaban raras o poco frecuentes, y que son las patologías clásicas de la atención primaria. La otra cuestión es más de gestión y política. Ahora mismo hay dos comunidades autónomas (Cataluña y el País Vasco) que tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria y parece que está habiendo movimientos a que esa transferencia se haga en más comunidades autónomas.
¿Son partidarios de dicha transferencia?
Sí, porque como siempre digo, es una cuestión de filosofía. Actualmente, la atención sanitaria penitenciaria depende del Ministerio de Interior y este ministerio no es un organismo que tenga como fin primordial el de proporcionar salud. El depender del sistema nacional de la salud de los organismos autonómicos nos asegura, por lo menos, que el objetivo fundamental de la asistencia sanitaria forma parte del órgano que nos gestiona. Y eso daría lugar a una mejor coordinación entre los sistemas, una mayor presencia de especialistas en las prisiones. Nuestro reto es conseguir que la atención sanitaria a las personas privadas de libertad la proporcione el sistema nacional de salud, de la misma forma que se la proporciona al resto de los ciudadanos.
¿Qué beneficios tendría para los reclusos?
Seríamos parte del mismo organismo y nos regiríamos por los mismos criterios y no habría tantos problemas como tenemos ahora en la coordinación. Las personas entran y salen de la prisión, no entran para quedarse, entran con sus enfermedades y salen con sus enfermedades. Cuando entran les tenemos que atender nosotros y cuando salen les tienen que atender el sistema de salud que corresponda. Si son dos sistemas separados, lógicamente, es más difícil garantizar una adecuada continuidad en dicha asistencia.
En el congreso abordarán la objeción de conciencia, ¿hay casos?
Es un supuesto que se da en casos extremos y como tal es muy poco frecuente pero es algo que hay que tratar porque es un problema que se te puede presentar mañana. Qué hacemos si un testigo de Jehová tiene que recibir una transfusión de sangre. Ahora mismo, por su calidad de preso, este hombre tendría la obligación de aceptar la transfusión para salvar su vida. Y a eso, un médico puede plantear objeciones de conciencia serias.
¿Cómo calificaría la asistencia sanitaria en las prisiones?
Más que digna. Hacemos cosas que normalmente no se hacen en un centro de salud como por ejemplo el control del VIH, una atención psiquiátrica importante o el tratamiento de las adicciones. Cada centro penitenciario es una UCA y eso no ocurre en todos los centros de salud. Además, destacaría la importante labor de salud pública que se hace en las prisiones. Las vacunaciones, por ejemplo, se hacen al 100 %. Cualquiera que entra en prisión y lo necesita se vacuna de hepatitis C y de tétanos. Son cosas que quizá no se valoran lo suficiente y que es una labor muy importante. También destacaría los tratamientos de tuberculosis. Todos los casos que se diagnostican en la prisión se curan, porque administramos los tratamientos en régimen directamente observado que eso no se hace, prácticamente, en ningún sistema de salud de España.
