La Plataforma de Castelló en Defensa de la Llei de dependència denunció ayer que dicha ley ha sido «una gran frustración». A través de un comunicado y con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley 39/2006, la conocida como Ley de la Dependencia el próximo 14 de diciembre, desde la plataforma apuntan que «diez años después podemos decir que hemos pasado de las grandes esperanzas, a la gran frustración».

«Desmantelada, vaciada de contenido y sobre todo, recortada su financiación durante la última legislatura del PP, las perspectivas para los próximos años no son nada halagüeñas», añaden.

Segúne explican, «el gobierno de España solo aporta el 18 por ciento a la financiación del Sistema de Atención al a Dependencia mientras que las Comunidades autónomas aportan el 82 por ciento restante». «Pero no nos engañemos, y que tampoco nos engañen. Mientras sigamos sometidos al dictado del artículo 135 de la Constitución, y de la ley que antepone el pago de la deuda a todo lo demás, o que prohíbe el aumento del gasto público esta Ley seguirá siendo inviable», remarcan. Asimismo, apuntan que «estamos cansadas de falsas promesas, del uso frívolo con que se utiliza la dependencia como reclamo electoral, sin que nadie presente una estrategia de Estado clara y precisa sobre cómo desarrollarla en toda su extensión».

La agrupación asegura que en la Comunitat Valenciana, «la llegada del nuevo gobierno autonómico, ha supuesto un cambio de actitud y sensibilidad considerable. Pero no es suficiente. Conseguido regularizar el pago de las prestaciones y acabar con los atrasos, pese al aumento del 57 % en el ejercicio anterior, la partida destinada a dependencia se ha congelado en los Presupuestos de 2017».

Asisimo, recuerdan que «también por fin se ha acatado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que sentenció que los infames copagos no solo eran ilegales, sino que la Generalitat Valenciana era incompetente para aplicarlos». «No obstante, no ha habido ningún tipo de reparación por estos tres años que las personas dependientes han visto minoradas ilegalmente sus prestaciones hasta el 90 por ciento en el peor de los casos, para lo cual tienen que seguir acudiendo a la Justicia», denuncian.