El Ayuntamiento de Castelló valora la posibilidad de destinar el remanente de 16 millones de euros, tras la liquidación del ejercicio 2016, a amortizar la deuda, cifrada en 72,9 millones de euros entre el largo plazo (65,9 millones) y el corto, (7 millones).
Todo dependerá de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y de la Ley de acompañamiento, cuyo retraso condiciona la planificación municipal respecto a las inversiones.
La mejora en la salud financiera del consistorio se debe tanto al aumento en el capítulo de ingresos como a la contención en gastos. Respecto al primer punto, ha habido una mayor recaudación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, en 2 millones de euros; y de plusvalías, en 2,9 millones de euros. También se ha incrementado el gravamen de obras en 0,7 millones y las tasas municipales en 0,6 millones.
Por lo que se refiere al segundo punto, el gasto de personal bajó en 2,5 millones, los bienes y servicios en 6,3 millones y las transferencias en 0,8. El fondo de contingencia, de 1 millón, se una al remanente al no haberse utilizado.
En la presentación de este balance, que al final se resume en un superávit de 28,8 millones (el remanen se queda en 16 tras descontar varias partidas), la alcaldesa, Amparo Marco, recalcó que el ayuntamiento ha cumplido todas las exigencias económicas que impone el Gobierno central, como es el caso del límite del endeudamiento , la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el cumplimiento del período de pago a proveedores. En ese sentido, contrastó el resultado positivo del actual Gobierno municipal con «el déficit del PP durante muchos años, cuando se gastaba más de lo que se tenía. Nosotros no hacemos ficción».
«El Ayuntamiento de Castelló continuará reduciendo el endeudamiento y, con ello, impulsará más políticas sociales y de empleo. Además de permitir avanzar en la línea de disminución de la presión fiscal y de la bajada de impuestos», prosiguió.
En su intervención, la alcaldesa reiteró la necesidad de que el Gobierno central permita a las entidades locales reinvertir los remanentes en actuaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, hasta que no se aprueben los mentados presupuestos del Estado no se sabrá si se permitirán las inversiones financieramente sostenibles y en qué plazo se permitirá ejecutar las obras.
En cualquier caso, como matizó posteriormente el concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, los números sobre la gestión del bipartito permiten realizar una valoración «positiva». No en vano, «estamos muy por debajo de los presupuestado respecto a la contención de la deuda. Era del 50% y estamos ahora mismo en el 45%», sentenció.
