Cerca de un 80 % de la deuda que arrastra la Confederación de Empresarios de Castelló corresponde a las ayudas públicas del Consell por cursos de formación. La CEC pagó por los mismos pero luego el Consell retuvo las subvenciones o solicitó su reintegro por no estar acreditada suficientemente la realización de los cursos. Este endeudamiento es el principal problema que tiene la patronal castellonense para sortear el concurso de acreedores. Una quita de la misma es misión imposible por parte de la Administración pública, pero la CEC confía en recuperar parte de este dinero a través de los recursos, bien administrativos o judiciales, que ha presentado contra las decisiones del Ejecutivo valenciano.
La organización ha recurrido contra el Consell primero vía administrativa y luego, si era desestimada, ante el juzgado de lo contencioso. Según explica el informe de la administradora concursal, hay pendiente de resolver cuatro contenciosos que acumulan 1,4 millones en subvenciones por cursos de formación, más un recurso de reposición contra el Servef de 83.727 euros.
Estas ayudas están vinculadas a planes formativos que se organizaron de 2008 a 2015, en la etapa de José Roca y Rafael Montero. Así, la CEC confía en reducir la deuda con el Consell venciendo en algunos de los citados contenciosos.
Cabe tener en cuenta que también hay abierta una causa judicial que investiga un presunto fraude de 1,8 millones de euros en subvenciones de formación.
En estas condiciones, el futuro de la CEC sigue siendo incierto, pero la mayoría de los empresarios que la integran han decidido luchar por superar el concurso de acreedores y mantener la autonomía de Castelló frente a los planes de absorción de la nueva regional. Una vez el juzgado de lo mercantil acepte el informe de la administradora concursal se presentará un plan de viabilidad que concretará las medidas que necesita la CEC para generar los ingresos que mantengan una mínima estructura así como un plan de pagos de la deuda. Fuentes internas subrayaron que también se planteará una quita, aunque no especificaron el porcentaje. La patronal de Alicante (CXoepa) pidió un 95 % y lo consiguió vía judicial, aunque en este caso no tenía que ver con subvenciones por formación.
El dictamen de la administradora subraya que la «principal causa del gravísimo deterioro de la situación económica de la CEC se ha debido a la afección por expedientes de revisión de numerosas subvenciones otorgadas por la Generalitat para la formación de los trabajadores».
Por su parte, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, descartó una quita en el caso de que lo proponga la CEC durante la presentación del programa Avalem en el Ayuntamiento de Castelló. «El Consell no la va a hacer porque son cursos pagados por los trabajadores; con el dinero público poca broma», sostuvo Nomdedéu.
Cabe recordar que la investigación judicial en la CEC partió de una denuncia del propio Servef en la presidencia de Alberto Fabra. Un juzgado de Nules apreció indicios de delito y procesó al exsecretario general de la CEC, Rafael Montero, y un directivo de la misma. La junta directiva de la patronal precipitó la marcha de los anteriores dirigentes por el caos económico y nombró una gestora.
