La Diputación de Castelló desalojará a Aiguagest, S. L., de la Piscina Provincial el 29 de julio y recuperará el control. Ese día, de acuerdo con el periodo de aviso para comunicar la rescisión del convenio de explotación, la gestión del centro deportivo pasará a ser pública, lo que presumiblemente dejará sin validez el despido colectivo de los 40 trabajadores con fecha 31 del mismo mes.
El pasado miércoles, tras el acuerdo plenario del martes para anular el contrato, se remitió un escrito a la mercantil anunciándole la resolución de la adjudicación por incumplimiento con el pago del canon fijo anual de 66.000 euros. En la notificación se le advirtió de que dispone de un plazo de 10 días hábiles (hasta el próximo sábado) para darse por enterada de la cancelación y, en consecuencia, abandonar las instalaciones deportivas. En caso de obviar el apercibimiento, sin contestar al mismo, se entenderá igualmente por asumida la nulidad, con lo que el cambio en la dirección se producirá en la data anteriormente indicada.
Como publicó Levante de Castelló en su edición de ayer, los empleados del centro se enteraron de sus despidos el pasado viernes a través de un mensaje de «WhatsApp». Firmado por uno de los gerentes, Jaime Catalá, la empresa les anunció que «lamentablemente os escribo para comunicaros que ya tenemos la documentación que debemos entregaros para el despido colectivo en el que estamos inmersos».
El cese de todos los profesionales será efectivo el 31 de julio, de manera que la prestación de los distintos servicios en la Piscina Provincial están únicamente asegurado hasta esa fecha.
Según marca la Ley concursal, y en vista de que la propia Aiguagest desveló, mediante una nota informativa, que el 24 de marzo había prevenido al juzgado sobre su situación de insolvencia, hoy presentará toda la documentación para solicitar de manera formal el concurso voluntario de acreedores.
Lo hará tras haberse cumplido los cuatro meses preceptivos. Es decir, tres para negociar con los acreedores una refinanciación de la deuda y, así, evitar el proceso de disolución. Y un cuarto para disponer de la solicitud de declaración concursal.
El hecho de tramitar el concurso de manera voluntaria asegurará a la mercantil el control absoluto sobre el proceso de liquidación. Así el administrador saldrá de la terna de gerentes que aparecen inscritos en la hoja registral: Cándido Carvajal, Jaime Catalá y Javier Manuel Sebastiá.La liquidación de los activos servirá para hacer frente a las deudas, siguiendo un orden de prioridad, marcado por las administraciones y las entidades financieras.
Evitar el pago del IBI
En este sentido, todo apunta a que Aiguagest se librará de asumir el débito de más de 200.000 euros con el Ayuntamiento de Castelló por el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos años. La empresa siempre se había mostrado crítica con este asunto y así se lo había trasladado a la diputación en reiteradas ocasiones.
Según denunció uno de los administradores solidarios, Cándido Carvajal, a este periódico, el 24 de abril, no se tomó en consideración el informe económico presentado en 2015, en el que se alertaba del desequilibrio financiero que estaba representando el error en la determinación en el pliego de condiciones respecto al concepto a abonar por el IBI. Los 6.000 euros anuales contemplados en el estudio de viabilidad distaban mucho de los 47.000 euros reales de media. Una carga excesiva para Aiguagest.
