Durante las dos décadas a caballo entre el final del siglo XX y el principio del siglo XXI hubo una opción política en Castelló que hizo fortuna del victimismo. Sus responsables construyeron alrededor de una supuesta marginación de estas comarcas respecto a los centros de poder un tejido clientelar, cuyos estertores todavía perduran en el tiempo. Mientras estaban en la oposición, insistieron en la idea de que las decisiones socialistas de Madrid y València en los años ochenta no tenían en cuenta Castelló. Y no les faltaba razón; aún se sufren las consecuencias. No obstante, la solución resultante de ampliar las competencias de la Diputación de Castelló hasta límites insospechados lastran esta entidad ya bien adentrada la segunda década del siglo XXI.
Carlos Fabra se hizo con la presidencia de la Diputación de Castelló en 1991 y decidió que, más allá de reivindicar infraestructuras y servicios, sería esta entidad la que paliaría el déficit político de Castelló. Cabe apuntar que la institución acarreaba competencias del régimen franquista que la estructura del Estado fue adquiriendo durante la construcción del andamiaje administrativo, pero Fabra decidió no revertirlas, sino ampliarlas. Heredadas de esa época están el Hospital Provincial y la educación especial en Penyeta Roja.
Aeropuerto de Castelló
La competencia adquirida de mayor repercusión mediática y judicial ha sido el Aeropuerto de Castelló. No valía con reivindicar el servicio o con mejorar las conexiones con el aeropuerto de Manises. Era necesaria asumir la construcción de una infraestructura con un coste de 150 millones de euros y para la que la Generalitat va a estar inyectando dinero hasta 2034 si no se supera el millón de pasajeros. De hecho, en 2014 el propio Consell liderado por Alberto Fabra dejaba en residual la participación de la diputación en el accionariado de la empresa creada ad hoc, Aerocas. Actualmente, la Generalitat tiene el 99,99 % de las acciones, pero fruto de los anteriores convenios esta misma semana la diputación se ha visto obligada a avalar un crédito de casi un millón de euros para que la base de Vilanova pudiera pagar la deuda con Hacienda por el IVA de 2009, 2011 y 2014 que los anteriores gestores no abonaron. Además, la actual dirección ha denunciado a la constructora por las deficiencias en el canal de drenaje y también tuvieron que hacerse obras para ampliar la cabecera de la pista, debido a que en el proyecto inicial los aviones comerciales no podían realizar un giro programado.
En el camino, la empresa pública Aerocas ha dejado un rastro de gastos desmesurados, con sospechas de nepotismo que se investigan judicialmente.
Penyeta Roja
En el plano educativo, al centro de educación especial de Penyeta Roja, se le unió un centro de alto rendimiento deportivo, con un proyecto que engloba además un Centro de Atención a menores. En este último caso, la diputación no tiene competencias para gestionarlo y la Generalitat ha trasladado a todos los infantes fruto de un cambio en la gestión del departamento. Cabe apuntar que al contrario que en la gestación del aeropuerto, este servicio funciona de manera excelente y así lo ha reconocido la Generalitat, pero tras perder la licencia porque el edificio no está adaptado a la normativa actual de accesibilidad, un total de 25 trabajadores contratados por la diputación y cuyo sueldo paga la entidad provincial esperan una solución a su situación.
Piscina Provincial
El conflicto con los trabajadores también ha sido actualidad en los últimos meses tras el cierre de la Piscina Provincial. La infraestructura se construyó bajo el mandato de Carlos Fabra en 2003, quien cinco años después gastó 1,2 millones de euros en su ampliación. Tras un episodio con muchas sospechas en las que se dejó desierto un concurso para adjudicar la gestión de la concesión, completada un mes después con una nueva adjudicación, la empresa empezó a tener problemas económicos en 2014 que han derivado en el cierre de la instalación y en el despido de los trabajadores. La diputación ha asumido la gestión y las pérdidas hasta final de año, cifradas en 225.000 euros, al tiempo que ha condicionado la concesión del servicio a la subrogación de 34 trabajadores.
Plantas de purines
De la misma época de finales de los años 90 surge este proyecto que ha dilapidado 19 millones de dinero público, once de ellos procedentes de la Unión Europea. Ideado por el anterior vicepresidente de la diputación, colaborador de Carlos Fabra y ex alcalde de Vall d'Uixó, Vicent Aparici, el proyecto pretendía tratar los purines derivados de la actividad de la industria ganadera castellonense para general energía en cinco plantas de tratamiento repartidas por el territorio. Tres de ellas, Salzadella, Albocàsser y Sant Mateu no llegaron a funcionar nunca. Las dos que sí lo hicieron, Todolella y Vall d'Alba arrastran problemas aún hoy en día. La primera no está certificada de manera correcta, por lo que los ganaderos de Els Ports no pueden gestionar sus residuos. Estos se ven obligados a adquirir los derechos para extenderlos por campos que sumen el doble de hectáreas de las que contempla su explotación ganadera, con los sobrecostes añadidos, al tiempo que la conselleria de Medio Ambiente ha alertado ya de la elevada cantidad de nitratos que se filtran desde estos depósitos a los acuíferos de la provincia. En cuanto a la planta de Vall d'Alba, fue cerrada en 2012 tan solo tres años después de ponerse en funcionamiento para que la conselleria aprobara el Plan Parcial del PAI Mas de Lluna.
Escuela Taurina
Por último, la diputación mantiene también en funcionamiento una escuela para enseñar a torear. Con un coste superior a los 100.000 euros, esta entidad se sustancia «para mantener nuestras tradiciones», según apunta el presidente provincial, Javier Moliner.
