En la Comisión de Crecimiento Económico de el equipo de gobierno de la Diputación de Castelló llevará la aprobación de las actuaciones relativas al contrato de gestión Integral de mantenimiento y conservación de la red de carreteras, un contrato de 48 millones de euros firmado en junio de 2011 por una duración de 8 años. «Un contrato millonario, firmado unas semanas después de la caída de Carlos Fabra, otorgado a una UTE donde participaba casualmente Becsa, que se convertía así en el principal proveedor de la entidad con un pago de casi 7 millones de euros sólo en 2014, según el último modelo 347 de pago a empresas al que hemos tenido acceso, porque la diputación no nos facilita los siguientes», valoró Iñaki Vallejo, diputado de Castelló en Moviment.
En la citada comisión, la diputación informará de las actuaciones en 2017 dentro de ese contrato, así como la revisión de precios que desde hace meses está tratando de aprobar, con la oposición de la concesionaria, y por la que incluso pidió un informe al Consell Jurídic Consultiu.
«Este contrato es una anomalía dentro del funcionamiento de la diputación. En lugar de sacar licitaciones para actuaciones concretas, el fabrismo firmó una especie de tarifa plana de 8 años por 48 millones con una UTE de Becsa, investigada en la Trama Gürtel y en el Caso Taula. Este contrato no tienen otro objetivo que enriquecer a la concesionaria e hipotecar dinero de los próximos años. En lugar de trabajar para rescindir este contrato, está tratando de renegociar precios, en lugar de romper con la herencia del peor fabrismo, Moliner muestra una clara continuidad», concluyó Vallejo.
