El 22 de marzo de 2013 Carlos Fabra comunicaba al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, su renuncia a la presidencia de la sociedad pública de gestión del aeropuerto de Castelló, Aerocas. Esa mañana el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, el juez Jacobo Pin, decretaba la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castelló y máximo mandatario del Partido Popular desde los años 90.

Fabra cedía de esta manera el control de uno de los últimos bastiones de poder que aglutinaba tras su paulatina salida de la vida política castellonense. Un camino de salida que se inició en 2010 y que tuvo estaciones paralelas a las investigaciones judiciales por fraude fiscal que finalmente acabaron en una condena de cuatro años de prisión.

La sociedad Aerocas se creó en 2003 y desde esa fecha hasta 2013 estuvo presidida por Carlos Fabra. Una auditoría encargada por la Generalitat concluyó que la entidad había generado un importante agujero económico que ha dejado diversos frentes abiertos para los actuales gestores. Además de no contabilizar de manera correcta el desgaste de los activos inmovilizados en los ejercicios 2014 y 2015, se detectó una deficiente declaración del IVA desde 2009 a 2014, que provocó sanciones y multas de la Agencia Tributaria de hasta 7 millones de euros.

Tanto desde la salida de Fabra en 2013 como desde el cambio de gobierno en la Generalitat en 2015 se ha intentado poner orden en las cuentas de la sociedad pública de gestión del aeropuerto, lo que ha generado una deuda de Aerocas hacía las instituciones valencianas de 149.189. 810 euros.

Este viernes, el Consell autorizó a la dirección general de Aerocas para que inicie las gestiones para analizar cómo se ha generado esa deuda y exigir, si fuera el caso, responsabilidades a los anteriores gestores de la sociedad durante el tiempo en el que se gestó esta deuda que la propia Generalitat califica de «gravísimo desequilibrio económico».

En paralelo, el pleno del Consell también adoptó un acuerdo que permitirá capitalizar la deuda que arrastra Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas) con la Generalitat y restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad pública sin que suponga ningún desembolso en efectivo por parte de la administración autonómica ni un incremento de la deuda. El consejo de administración de Aerocas aprobó recientemente la formulación de las cuentas anuales de 2016, incorporando el criterio de los auditores que no se tuvo en cuenta en la pasada legislatura. Atendiendo a las indicaciones de los auditores, el actual equipo gestor ha reducido en un 50,03 % el valor de los activos de Aerocas. Este deterioro ha provocado un desequilibrio patrimonial en la sociedad, por lo que se hace necesario dotar a la misma de una adecuada solvencia. Por ello, Aerocas ha propuesto a la Generalitat, en su condición de socio mayoritario y acreedor de la sociedad, la realización de actuaciones encaminadas a restaurar el equilibrio, por ser lo más conveniente para el interés público.

La capitalización de la deuda es un mecanismo legal que permite a la Generalitat mejorar la situación de las entidades públicas sin la necesidad de desembolso en efectivo, ya sea para restablecer el equilibrio patrimonial o incrementar su solvencia. Aerocas arrastra una deuda con la Generalitat de 149.189.810 euros, generada por anteriores gobiernos y derivada de operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos con cargo a los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado. Para corregir esta situación, el pleno del Consell acordó anticipar el vencimiento y exigibilidad de los créditos favorables a la Generalitat. Además, autoriza una aportación de capital a Aeropuerto de Castellón SL por importe de 149.189.810 euros mediante una compensación de las obligaciones pendientes de pago. Esta capitalización de la deuda por compensación de créditos evita efectuar desembolsos en efectivo a la Generalitat y no afecta al endeudamiento total de la administración autonómica.

Así mismo, se acordó requerir a la Diputación de Castellón que realice la suscripción de la ampliación de capital en proporción a su participación. Esta aportación apenas llega a los 9.000 euros debido a que la entidad mantiene una cuota accionarial de carácter residual que se cifra en el 0,006 de las participaciones.