Los sucesivos alcaldes de Castelló y los concejales delegados de las áreas de economía y fiestas entre 2008 y 2015 «hicieron un ejercicio de dejadez y abandono de responsabilidades al no habilitar los necesarios mecanismos de control de las cuentas, los contratos o los convenios que, por la naturaleza jurídica propia de la Fundación de Fiestas, obligatoriamente deberían haber llevado a término los técnicos del ayuntamiento habilitados». Así son de claras algunas de las conclusiones del dictamen aprobadas el pasado jueves en pleno por todos los grupos políticos excepto el Partido Popular.
El relato, recogido tras analizar la documentación encontrada en la sede de la Junta de Festes y los testimonios de las personas que han participado en las diferentes reuniones de la comisión de investigación, constata que, año tras año, pese a que los informes que se emitían dese la Intervención General y el Área de Gestión Económica eran siempre negativos
-«con objeciones que entendemos son de suma gravedad»-, la Junta de Festes y el Patronato de la Fundación «aprobaban las cuentas con el voto a favor de los alcaldes y regidores delegados, que defendían la gestión económica de la Junta de Festes» que presidía Jesús López.
Hay datos, más bien relatos, realmente llamativos, sobre la forma de actuar de López y la nula intención de los alcaldes populares, Alberto Fabra y Alfonso Bataller, por intentar dar transparencia a una gestión del dinero público que el entonces presidente del ente festero manejaba prácticamente sin tener que rendir cuentas a nadie. Las actas del Patronato de Fiestas aportan, como así queda recogido en el dictamen aprobado en el pasado pleno, información más que clara de que la corporación municipal del momento conocía perfectamente la forma de proceder de la Junta de Festes «y las tensiones existentes entre la Intervención General Municipal y la presidencia de la Junta de Festes».
14 de junio de 2012
Uno de los más llamativos aparece en el acta de la sesión del 14 de junio de 2012, en la que intervienen tanto el alcalde, el popular Alfonso Bataller, como el concejal delegado de Fiestas, Joaquín Torres. En ella se recoge «una amenaza del señor López por el informe de la Intervención Delegada de fecha 25 de mayo de 2011, en el que se recogían las advertencias de irregularidades en la forma de proceder de la Junta», situación de la que se hizo eco Levante de Castelló en su publicación el mismo día 14 de junio de 2012, que era en el que debía reunirse el Patronato. Así, según el acta, Jesús López dijo textualmente «¿Contra quién me querello, contra el periodista o contra el interventor».
Los criterios de López
Seguidamente, según ha constatado la comisión de investigación en la citada acta, el señor López «afirmaba que la contabilidad de la Junta no se ajusta a la oficial, pero que se realiza una exhaustiva previsión y control de las cuentas», dejando en evidencia, según el dictamen final de la actual comisión de investigación, que, «a pesar de manejar importantísimas cantidades de dinero público durante años, la forma de llevar la contabilidad seguía los criterios del señor López».
Pero uno de los aspectos más llamativos de la reunión del 14 de junio de 2012 es el abandono político al que se vio sometido el propio Interventor General, que es la máxima autoridad a la hora de fiscalizar las cuentas municipales, interventor que, pese a las amenazas de López, se reafirmó en un informe demoledor sobre la falta de control de las cuentas de la Fundación Municipal de Fiestas.
Así, con este enfrentamiento de fondo, la sorpresa vino de la mano del alcalde de la ciudad, el 'popular' Alfonso Bataller, que se posicionó claramente al lado de Jesús López y evitó cualquier respaldo a su interventor. Así, como recoge el acta de esa reunión, Bataller se limitó a señalar que «este año, pese a contar con un presupuesto más reducido, las Fiestas de la Magdalena fueron unas fiestas magníficas», acabando por proponer a los miembros del Patronato «la realización de una nota de prensa apoyando la gestión de la Junta de Fiestas actual».
Tampoco sale bien parado el concejal de Fiestas, Joaquín Torres ya que, a preguntas del representante de EUPV de si la Junta de Festes no debía estar obligada a cumplir todos los aspectos recogidos en el informe de la Intervención General, el edil contestó que «con los actuales estatutos, no es necesario». Lo curioso es que, pese a que los nuevos estatutos exigidos por el régimen de Municipios de Gran Población entraron en vigor el 31 de enero de 2013, nada cambió en la forma de actuar del ayuntamiento. «Eso fue especialmente grave los años 2014 y 2015, con la Fundación de Fiestas ya disuelta y el Patronato de Fiestas en funcionamiento. Además, en esos años las cuentas ya no se aprobaban por votación, sino por decreto de alcaldía», tal y como recuerda el dictamen final de la comisión de investigación.
