El Ayuntamiento de Borriana ha recibido esta semana la notificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana respecto a la sentencia que le obliga a pagar hasta 704.000 euros, más intereses, a la empresa Urbacón Levante SL por el inicio de los trabajos en la Unidad de Ejecución A. 24-25-26 correspondiente a la zona sur-este de La Serratella dentro del conjunto del término municipal de Borriana.

En el detalle del desarrollo de las diferentes sentencias judiciales y posterior recursos presentado desde el consistorio, el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis detalló ayer que «fue el 30 de diciembre de 2003 cuando se adjudicó la ejecución del PAI a Urbacón Levante SL., que quedó completamente parado en 2008 cuando la primera sentencia anulaba el Plan de Reforma, a la que se sumó la primera sentencia de obligación de pago que llegaba en diciembre de 2014 y obligaba al consistorio a abonar 870.000 euros a la empresa por los trabajos ya realizados». Según Arnandis, «al menos se consiguió con una apelación que la cifra bajase otros 165.000 euros, hasta situarse en esta cifra definitiva de 704.000 euros, y decimos definitiva porque los mismos técnicos municipales ya han descartado otro posible recurso de casación debido a las nulas posibilidades de conseguir una nueva reducción».

Según se ha detallado desde la misma concejalía, el problema surgió con una mala tramitación del PRI que no permitió a la empresa adjudicataria continuar con los trabajos ya iniciados. Desde la concejalía de Hacienda, Cristina Rius dejó claro que «una vez más, comenzaremos el año pagando, y a un alto precio, los errores cometidos en la gestión municipal por parte del anterior equipo de gobierno encabezado por el PP, ya que pese a haber conseguido reducir a 704.000 euros más intereses la indemnización exigida por la empresa que inicialmente era de más de 1,5 millones de euros». Según Rius, «es otro ejemplo más sobre la forma de trabajo y de gestión municipal del PP durante los últimos años en Borriana, donde parecía que lo que menos importaba o interesaba era el bienestar de la ciudadanía. Lo que es directamente sonrojante es que el PP lleve dos años criticando una gestión económica municipal que en todo momento está condicionada por sus errores del pasado, con ejemplos como el 1,1 millón de expropiaciones de las que una gran parte debería haberse abonado en 2012, la sentencia en favor de Radio Castellón Cadena SER, o los más de 400.000 de las pagas extra de los trabajadores municipales correspondientes a 2012, que también hemos abonado en estos dos últimos años».