La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) aseguró en un comunicado oficial que la deuda por impagos de los arrendatarios y compradores de viviendas sociales «fue una situación que encontró el actual Gobierno al acceder a la Generalitat».
La nota del organismo de la Generalitat se produce a raíz del informe de la Sindicatura de Comptes en el que se revela que la mitad de los inquilinos de pisos públicos de la Generalitat Valenciana en Castelló no cumplen con sus obligaciones de pago. En concreto, el documento recoge que 207 de los 442 pisos alquilados mantiene deudas, con una media de 1,9 años de impagos.
El comunicado de la EIGE mantiene que esta situación se debe «a la falta de rigor, tanto en la aplicación de la norma como en la falta de expedientes de actuación, del anterior gobierno. Esta deuda se debió fundamentalmente a la falta de controles, campañas de información a los vecinos para realizar procesos de regularización y a una falta de política de vivienda tanto en el aspecto social como en el de gestión que no se realizó en los años del anterior gobierno y que ahora está intentando solucionar la actual Generalitat con la aplicación de medidas concretas». Entre esas medidas, la IEGE resala la labor informativa a los adjudicatarios de vivienda pública con el objetivo de que cumplan sus obligaciones de pagos de las rentas y gastos de comunidad y la concesión de bonificaciones económicas».
