La Junta de Personal de la Diputación de Castelló avala la solvencia de la administración provincial para poder seguir asumiendo la plantilla del centro de menores de Penyeta Roja. Según explica el presidente de la Junta, Vicente Mor, la decisión de transferir a los 27 trabajadores es una cuestión «política y no económica». Así se refería Mor después de que la mayoría de los empleados les haya manifestado su preferencia por seguir perteneciendo a la plantilla de la diputación y no de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusiva como se les comunicó el pasado 27 de febrero. Según apunta Mor, la diputación se encuentra en una momento económico «excelente» y asegura que el ratio de deuda está en el 20 por ciento. La diputada responsable de Penyeta Roja, Elena Vicente-Ruiz, confirma que la situación económica de la diputación es buena.

Por otro lado, Mor apunta que, de momento, poco se puede hacer sino esperar a ver cómo se resuelve dicha transferencia. «En el momento en el que hagan algún movimiento el trabajador podrá valorar si se ha incurrido en alguna vulneración de sus derechos y se podrá interponer un recurso contencioso administrativo». A este respecto, Mor apunta que ya se le ha transmitido a las partes que deben contar con los empleados para tomar cualquier decisión.

Tal como viene informando Levante de Castelló, la transferencia de los 27 trabajadores del centro de menores de Penyeta Roja a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no va ser un trámite fácil ya que la Generalitat no contempla las categorías profesionales de más de la mitad de los trabajadores. Dieciséis de los 27 empleados tienen la categoría de auxiliar de puericultura (C2) mientras que el Consell solo contempla la plaza de educadora, correspondiente a la categoría A2. Esto implica que estos 16 trabajadores no podrían transferirse de manera automática, y se debería hacer una promoción interna.

Tanto Mor como la diputada responsable de Penyeta Roja, Elena Vicente-Ruiz recuerdan que la última transferencia de personal similar se hizo en los años 80 y que no es un proceso fácil. Vicente-Ruiz asegura que se está trabajando de manera conjunta con la Generalitat para

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