El fiscal redujo sensiblemente la acusación contra los dos falsos médicos de Vinaròs en la quinta y última sesión del juicio que se seguía desde el martes 10 de abril en la Sección Primera de la Audiencia de Castelló. De esta manera, en su escrito de conclusiones el representante del ministerio fiscal descartó la acusación contra F. J. G. A. y J. M. L. P. por un delito contra la salud pública, al contrastas fallos evidentes en la cadena de custodia y análisis de una sustancia encontrada en la clínica dentro de una jeringuilla y que los peritos de la Agencia Española del Medicamento no llegaron a investigar, precisamente por la falta de diligencia en el envío y descripción de esa prueba, como así lo manifestó una de las peritos que testificó en el día de ayer.

Así mismo, se desdijo respectivamente de la acusación de siete y cinco delitos de lesiones contra dos de los acusados tras el testimonio de los peritos forenses, que quedan peticionados ahora como faltas. Sí mantiene en cualquier caso la petición de condena de un año y seis meses de prisión contra ambos acusados por un solo delito de lesiones. El fiscal tomó esta decisión tras la declaración de una médico forense que reconoció físicamente a las víctimas y que indicó que no se podían apreciar secuelas físicas ni psicológicas en los pacientes explorados por ella.

Compartió su criterio el letrado que defiende los intereses del Colegio de Médicos de Castelló en la causa, pero no ocurrió así en el caso de las acusaciones particulares, que ratificaron las penas solicitadas por estos hechos, incluido el delito contra la salud pública y los delitos de lesiones.

Estafa e intrusismo

De esta manera, tras la celebración del juicio oral la acusación se sustancia en un delito de estafa y un delito de intrusismo del que están acusados F. J. G. A y su esposa M. J. Á. A., así como F. J. L. P., conocido como Coté. Por el delito de estafa, la Fiscalía pide penas de prisión de 8 años para los tres acusados, mientras que por el de intrusismo solicita dos años de prisión para los dos falsos médicos y cinco meses para la esposa de uno de ellos.

Considera el representante del ministerio fiscal que los acusados, en lo que se refiere a M. J. Á. A., «sabe perfectamente que su esposo no es doctor, pero así le trata no en un ámbito íntimo sino en el entorno de una clínica» y mantiene su acusación intrusismo en menor grado ya que ejercía y sin ninguna acreditación pero solo en alguno de los casos.

Así mismo, respecto a los dos falsos médicos, el fiscal estima que existe entre ellos una conexión que se inicia en Galicia y asegura que F. J. G. A. «sabe perfectamente que J. M. L. P. no es médico» y que en todo caso la supuesta homologación de sus títulos académicos no le habilitaría para ejercer la profesión. Considera esta parte que los acusados utilizaron «una apariencia de clínica» para perpetrar el engaño a las víctimas y el diagnóstico y tratamiento de dolencias como cáncer, leucemia, fibromialgia, malformación de Ciari, virus del papiloma humano, entre otras, así como la promesa falsa de un tratamiento con células madre en Sevilla.

Más allá, el fiscal considera acreditado el delito de intrusismo porque los acusados realizaron todos los actos descritos como médicos sin tener la titulación para ello.

La defensa, por su parte, insistió en las peticiones de nulidad por las que consideran que ni el registro de la clínica, ni la obtención de pruebas, ni la actuación de la Guardia Civil, ni la de los inspectores de Sanidad fue acorde a derecho, así como acusaron a algunas víctimas de estar confabuladas en el marco de la Asociación de Víctimas del Intrusismo Médico. Al tiempo, insistió en la validez de los títulos de J. M. L. P. en EE UU y Reino Unido y alegó la transposición al derecho español de la directiva europea que habilita la libre prestación de servicios para argumentar que puede ejercer en como médico en España. Un extremo negado por el Colegio de Médicos y que remite al Ministerio de Sanidad para este extremo.