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El Ayuntamiento de Llíria quiere contratar un servicio de abogados para que se ocupe de las "acciones y defensa judicial en todos los órganos jurisdiccionales". Y lo hará para apoyar al actual letrado municipal, que actuará de coordinador de los distintos procesos. Al sueldo del actual letrado se le sumarán ahora los alrededor de cien mil euros que cobrará el gabinete de abogados anualmente.
La razón de esta ampliación de los servicios judiciales que trabajan para el municipio es sencilla. "Cada vez hay más procesos abiertos en los que está implicado el ayuntamiento", afirmaba ayer el concejal de Personal, Ángel Civera (PP). Y esto, según el edil, se debe al aumento de la actividad urbanística y a que la sociedad "está cada vez más judicializada".
Según el pliego, el presupuesto de contratación es de 400.000 euros para un periodo de dos años, prorrogable a otros dos, para ejercer defensa judicial civil, social, penal, contencioso administrativo, en el Tribunal de Cuentas o en el Constitucional, de funcionarios, empleados, personal eventual y miembros de la corporación.
Civera explica que conforme aumenta el volumen de actividades de un consistorio, también aumenta el de vecinos afectados, "lo que no significa que el ayuntamiento lo haga mal, ya que hemos ganado muchos de los pleitos que hemos tenido". Además, según el edil, los pleitos en los que se ve inmerso un ayuntamiento requieren cada vez más especialización, por lo que es preferible, y más barato, contratar un gabinete que varios abogados especialistas.
Pero para el portavoz de Iniciativa, Paco García, desde que la PP gobierna en Llíria, "las demandas y acciones contra el consistorio se han visto incrementadas por la poca o nula capacidad de solucionar los problemas de los vecinos".
