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Esta vez el gobierno en minoría del PP en Pedreguer no convenció a nadie. Ninguno de los tres partidos de la oposición (PSPV, Bloc y Aixa) votó a favor del presupuesto que llevó a pleno el alcalde, Andrés Ferrer. Y tampoco salió adelante el préstamo que los populares querían pedir para financiar el remanente negativo de 2008, que asciende a 339.238 euros. Mientras que PSPV y Aixa votaron en contra de las cuentas y del préstamo, el Bloc se abstuvo. El gobierno local, al no lograr la mayoría absoluta, deberá ahora prorrogar el presupuesto del pasado año. La oposición criticó que el PP ha continuado despilfarrando pese a que el endeudamiento municipal roza ya los tres millones de euros, "el máximo legal", según advirtió el PSPV.

El Bloc acusó a los populares de realizar "gastos irresponsables" como el de contratar a una empresa de mantenimiento de los equipos informáticos pese a que su oferta era 6.000 euros más cara. También les reprochó que gasten 12.000 euros en protocolo y otros 9.664 en publicidad y propaganda cuando para este último concepto hay una partida específica de 19.000 euros que también se agota. Los nacionalistas recordaron que la inversión de 150.000 euros en la cubierta del trinquet de poco ha servido ya que no se pueden jugar partidas profesionales.

En el pleno, sí que se aprobó, pese al voto en contra del PP, una moción presentada por el Bloc que exige al Consell que devuelva a Pedreguer "la deuda histórica" de cinco millones de euros.

Mientras tanto, en Pego el remanente de tesorería de 2009 también fue negativo y se situó en 348.875 euros. Sin embargo, en este ayuntamiento las medidas de ahorro sí empiezan a surtir efecto. El remanente negativo se ha reducido en casi 715.000 euros, ya que en 2008 superó el millón de euros. El gobierno local (Ciutadans de Pego, PSPV y Bloc) atribuye el desfase presupuestario a los errores de una revisión catastral que ahora ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El interventor de Pego, ante el remanente negativo de tesorería, advierte de que no se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y, por tanto, el ayuntamiento deberá aprobar en el plazo máximo de tres meses un plan económico-financiero.