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La juez de Dénia que investiga la estafa de las 300 casas ilegales de Llíber ha ordenado el bloqueo de las cuentas y el embargo de los bienes de cuatro de los imputados, los constructores Miguel Muntaner, al que se considera principal cabecilla de la trama, y Trevor Bourne, el ex alcalde del PP, José Mas Avellá, y el que fue su arquitecto técnico, Amador Signes. En su auto, la magistrada indica que "es necesario realizar un informe patrimonial de los investigados" para determinar "las posibles ganancias obtenidas" por los presuntos delitos de estafa, cohecho y prevaricación. También advierte de que, sobre todo en las cuentas, hay que rastrear posibles testaferros.

El promotor Miguel Muntaner es el que ha amasado con diferencia el mayor patrimonio. La juez considera que puede haber utilizado sus numerosas sociedades -la principal es Comercial Montys, con sede en Xàbia- para "realizar pagos y trabajos" relacionados con la trama. También advierte de que su "cuantioso patrimonio" ha engordado con la compra y venta de chalés y parcelas a los propietarios estafados.

Muntaner tiene fincas desperdigadas por media comarca. Es propietario de dos adosados y otras diez viviendas y de tres locales comerciales en Calp. En Xàbia, tiene cinco bajos comerciales en el Saladar, una vivienda en la Fontana y una parcela de 1.400 metros cuadrados con una casa de campo de tres alturas y 500 m2 construidos. Con todo, lo que más llama la atención es el suelo rústico que acumula en Gata, Llíber, Benidoleig, Beniarbeig y Alcanalí. En Llíber, es dueño de una finca no edificada de 29.000 m2. En total, acumula unos 100.000 metros cuadrados.

Para este promotor, que los terrenos no fueran urbanizables no fue un problema en Llíber, donde entre 1999 y 2003 -el último mandato de José Mas como alcalde- construyó y vendió en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 m2 la mayor parte de las 300 casas ilegales.

Muntaner también es dueño de siete coches, aunque cuatro de ellos están a nombre de Comercial Montys. Uno de sus vehículos es un Ferrari/F 355 Spid.

Este promotor actuaba presuntamente en connivencia con el ex alcalde y su aparejador municipal. El primero daba las licencias de obra fraudulentas y el arquitecto técnico las informaba favorablemente y realizaba los proyectos privados.

El patrimonio de ambos no es tan espectacular. Signes y su esposa (la juez ha embargado los bienes que están a nombre de ambos) tienen seis fincas en Dénia que suman unos 22.000 metros cuadrados.

Sin embargo, la magistrada también ha pedido a través de una providencia una comisión rogatoria internacional para averiguar si el ex aparejador dispone de productos bancarios o bienes patrimoniales en Andorra.

Mientras, el ex alcalde es dueño de un inmueble urbano y nueve fincas rústica. La superficie total es de unos 28.000 m2. Lo curioso es que la juez requiere a este político ya retirado a que inscriba en el registro de la propiedad a su nombre los bienes de los que es propietario. Esas fincas figuran como suyas en las fichas catastrales, pero no las tenía registradas.

Miguel Muntaner, el ex primer edil y su arquitecto municipal ingresaron en prisión provisional cuando se destapó el escándalo urbanístico. Sin embargo, los tres han pagado ya la finanza y están en libertad.

El cuarto de los imputados al que ahora la juez le bloquea sus cuentas y embarga los bienes no llegó a entrar en la cárcel. Es el constructor Trevor Bourne, administrador único de la constructora Taibach, S. L., que edificó varias de las casas ilegales. En su auto, la magistrada hasta parece sorprenderse ante el magro patrimonio de este promotor. Indica que a su nombre "se ha encontrado únicamente" un vehículo. Su empresa figura como titular de una finca en la partida de la Solana de Xaló.

En sus autos, la juez solicita también información de los números de cuentas, depósitos, productos bancarios y de las cantidades ahora bloqueadas de estos cuatro imputados en la trama urbanística de Llíber.

"Preservar el derecho a ser resarcidos"

El embargo preventivo y la prohibición de disponer de los bienes tratan de preservar, según el auto de la magistrada, "el derecho de los posibles perjudicados a ser resarcidos". Precisamente, los propietarios que compraron casas que luego descubrieron que eran ilegales se personaron hace un mes como acusación particular en esta causa. Exigen indemnizaciones, ya que durante años -el estafa se produjo entre 1999 y 2003, el último mandato como alcalde de José Mas- han vivido en chalés con precarios servicios de luz y agua; todavía hoy temen que sus viviendas ilegales terminen por ser derruidas. Están agrupados en la asociación Abusos Urbanísticos No-Llíber y cifran la estafa en unos 60 millones de euros.