El alcalde de Massamagrell, Miguel Bailach (PP), declaró ayer en el juzgado número 2 del municipio, como imputado por un presunto delito de prevaricación en el proceso de recalificación del solar de la iglesia de la Magdalena, a causa de una denuncia presentada por Esquerra Unida y el PSPV. El edil manifestó al Fiscal que desconocía que la Iglesia iba a comprar el solar cerca de la parroquia que formó parte de la operación que acabó con la recalificación de otro terreno propiedad de la parroquia, según fuentes de EU.
El alcalde, que sin embargo aseguró que eran diligencias previas, llegó al juzgado pasadas las 9 horas y lo abandonó a las 12:15 horas "muy tranquilo", según afirmó a Levante-EMV. De su declaración no quiso revelar ningún dato y sólo apuntó: "estoy muy tranquilo y está claro que hemos actuado bien, es una cuestión de intentar judicializar la política". Sin embargo, según ha podido saber este diario, el alcalde se negó a contestar las preguntas planteadas por el abogado de EU y sólo respondió a las de su letrado y al fiscal. Según ha informado el portavoz de EU, Alfredo Albornos, éstos le requirieron por la contratación por el equipo de gobierno de técnicos externos para informar sobre la propuesta de recalificación, a lo que respondió el alcalde que "en el ayuntamiento no hay medios suficientes y en otras ocasiones también se ha recurrido a profesionales no municipales".
La fiscal preguntó además al primer edil si conocía los contactos entre la iglesia y la empresa que vendió al Arzobispado de Valencia el solar de detrás de la ermita de 464 metros cuadrados por 453.860 euros, una semana antes de la aprobación del expediente de recalificación. Según Albornos, el alcalde respondió que se enteró tras la aprobación de la modificación del PGOU, cuando "hay una Acta de Declaración de Intenciones en el expediente que firma el alcalde donde queda reflejado la intención de la iglesia de adquirir el solar. Es contradictorio que el Arzobispado compre un solar cuando aún no se ha aprobado la recalificación y que el alcalde diga que lo desconoce", en opinión del edil de EU.
El edil de EU Albornos se reafirmó en que tras la actuación del PP puede haber un presunto delito de prevaricación, como denunció a la Fiscalía. "El proceso sigue adelante. Ahora habrá que esperar qué dice la fiscal tras la declaración del alcalde y ver si pedimos más pruebas. Se corrobora nuestra tesis y mantengo que la operación es ilegal, porque no se puede quitar suelo dotacional del pueblo para beneficiar a una entidad privada como es la Iglesia", dijo, para mantener que Bailach sigue imputado. Además, insistió en que "no se puede utilizar la Administración para beneficiar a unos amigos. Es fundamental cumplir el lema: Manos limpias, cuentas claras".
El portavoz del PSPV, Paco Gómez, que también se acercó al Palau de Justícia, recordó que "el municipio no puede perder un terreno dotacional en beneficio de la iglesia", al tiempo que insistía en que "llevan gastados un dineral con los informes externos para que digan todo lo contrario que los técnicos municipales y así poder argumentar la recalficación".
Un proceso para hacer un nuevo templo
El proceso arranca del plan de la parroquia de construir un nuevo templo, tras la huelga de hambre del fraile Pedro Enrique Rivera. Para ello, solicitó la recalificación de un solar de su propiedad que era dotacional público en el PGOU, a uso residencial. Con la venta, la iglesia quería obtener los recursos para construir su complejo. Inicialmente la oposición, con mayoría en el mandato pasado, frenó la operación pero tras la mayoría absoluta del PP en 2007, se aprobó. A cambio, queda como suelo dotacional el actual emplazamiento de la iglesia, un solar anexo cedido por unos particulares y el que se adquirió por 453.000 euros. Aquí se alzará el nuevo templo.
