Las condenas judiciales elevan a más de 70 millones la deuda de Calp

A. PADILLA CALP
La deuda del Ayuntamiento de Calp es un suma y sigue. La cifra de 54 millones, entre deuda financiera y obligaciones con los proveedores, ya alarmaba. Pero ahora llegan en tromba las condenas judiciales, que han disparado el endeudamiento a más de 70 millones de euros. Así lo reveló ayer el alcalde, César Sánchez, del PP, en un receso de la reunión que mantuvo con todos los ediles de su equipo de gobierno (populares e Independents-Els Verds). Los números angustian al nuevo gobierno local que, sin embargo, ya sabe la receta que aplicará para intentar soltar el lastre heredado. "Nuestro eje de trabajo es la austeridad. Vamos a recortar gastos corrientes y a buscar la máxima eficiencia en los ingresos", manifestó el alcalde, quien avanzó que a mucho tardar en octubre se aprobará un plan de austeridad que supone amortizar plazas de trabajadores municipales y un tijeretazo del 20% en los gastos.
El primer edil pronosticó que los reveses judiciales "nos pueden llevar a superar los 70 millones de deuda". "Es una cifra alarmante, pero sabemos que es real". Sánchez afirmó que otros equipos de gobierno recurrieron sin fin los pleitos que iba perdiendo el ayuntamiento. "No sirvió más que para alargar la agonía".
Además, el alcalde calificó de "muy grave" el hecho de que el Tribunal de Cuentas esté investigando las irregularidades económicas del ayuntamiento. En concreto, este organismo ha detectado posibles responsabilidades contables en la recalificación a suelo dotacional del suelo rústico donde Javier Morató, cuando era alcalde del PP, ordenó montar la carpa municipal de ferias. El consistorio ya tuvo que pagar 600.000 euros a los propietarios del terreno por su ocupación ilegal.
Sánchez también advirtió de que la Conselleria de Economía y Hacienda ha apercibido al consistorio por su dudosa gestión económica. "Y también corremos el riesgo de que el Gobierno igualmente nos aperciba y nos sancione".
Muchos ojos vigilan la gestión económica de un ayuntamiento que ya nadie oculta que está en quiebra técnica. "No podemos gastar más de lo que ingresamos", dijo ayer el alcalde. Pero no basta.
El plan de austeridad incluirá un recorte en la plantilla de personal municipal cuyo alcance aún está por decidir. El alcalde, sin embargo, adelantó ayer que el plan de saneamiento que el pacto de Bloc, PP y PSD aprobó el pasado mes de noviembre obliga a aligerar en dos millones de euros el gasto en el capítulo uno, que es el de personal. El Ayuntamiento de Calp cuenta con 600 trabajadores, lo que supone un empleado municipal por cada 50 vecinos. "Es la ratio más alta de la Comunitat Valenciana", advirtió ayer el alcalde, que reconoció que esa plantilla, con los ingresos que tiene el consistorio, es "insostenible". También anunció un recorte "lineal" de gasto en todas las concejalías. La única que se salva del tijeretazo es la de Servicios Sociales. "No vamos a tocar la partida de política social", se comprometió, al tiempo que aseguraba también que el gobierno local no subirá los impuestos.