El Síndic de Greuges también le ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento de Dénia por "olvidarse" del valenciano en las nuevas señales turísticas y comerciales. En una reciente resolución, esta institución insta al consistorio a que en la rotulación viaria utilice el valenciano "con carácter preferente".
"La normativa vigente sobre el uso del valenciano, contenida en la Constitución Española, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y la LUEV (Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià), es clara y terminante y no deja lugar a interpretaciones. La administración pública valenciana, tanto la autonómica como la local, está obligada a garantizar la normalización lingüística, otorgar especial respeto y protección al valenciano y promover su uso en todos los ámbitos", indica el Síndic de Greuges, José Cholbi.
También reprocha al ayuntamiento que contestara a esta queja en castellano pese a quienes la presentaron lo hicieron en valenciano y todo el expediente se instruyó en esta última lengua. El Síndic de Greuges recuerda el "deber legal" de "respetar los derechos lingüísticos de los administrados" y responderles en la lengua que ellos elijan.
Además, el ayuntamiento en la respuesta que trasladó al síndic por esta queja se fue por las ramas. Alegó que en los nombres de las calles "no encontramos error alguno y se ajustan en su totalidad al callejero de nuestro municipio". Sin embargo, las normativas lingüísticas, como subraya el síndic, obligan a utilizar los nombres valencianos y los topónimos tradicionales.
El gobierno de Dénia (PP y Centre Unificat) se ha tomado muy mal las críticas por el menosprecio al valenciano que ha demuestrado en las nuevas señales comerciales y turísticas, que básicamente están en castellano, contienen faltas de ortografía y no utilizan los topónimos correctos y tradicionales. A instancias de la alcaldesa, la popular Ana Kringe, incluso se ha abierto un expediente disciplinario al técnico de Normalització Lingüística por emitir un informe en el que advertía de que esos rótulos incumplen la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. No obstante, la razón oficial que se esgrime para ese expediente es que al técnico municipal el informe se lo pidió el edil del Bloc, Josep Crespo, sin solicitarlo antes a la alcaldía.
