Mientras que para los municipios pequeños, la Generalitat dio libertad de contratación a los ayuntamientos, los proyectos del Plan Confianza de las localidades de más de 10.000 han sido licitados por el gobierno autonómico, lo que ha evitado a estos consistorios el problema que tienen sus hermanos menores. ¿Significa eso que todo va bien? No, ya que son las adjudicatarias las que sufren directamente el retraso y, en algunos casos, se han negado a continuar las obras. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Mislata, donde las constructoras han dejado sin acabar la reurbanización del barrio de l'Almassil y el bar de la Canaleta porque hace tiempo que no cobran las certificaciones. En Paterna la constructora paró las obras del colegio Lloma Llarga, con un coste de 5 millones. En Alaquàs también se ha detenido el Centro de Investigación porque se deben 200.000 euros. En Manises, la adjudicataria de la Ciudad del Deporte ha parado por el impago del Consell de las primera certificaciones por 623.000 euros. Y en Quart, la empresa también ha paralizado el proyecto de la Casa de la Dóna del Barrio del Cristo mientras el Consell no le abone casi 70.000 euros. En estos municipios las obras del Plan Camps han quedado paradas, pero hay otros en el que las infraestructuras ni siquiera se han iniciado, como es el caso del Camí a la Mar de Puçol (3,7 millones), los paneles solares de Catarroja (1,5 millones), una reurbanización en Godella (900.000) o el centro cívico y el mercado municipal de Paiporta (4 millones). En Silla, el gobierno municipal ha renunciado al Parc de les Eres y la reurbanización de la Plaça del Poble ante la imposibilidad de afrontar el mantenimiento de estos proyectos que costaban 2,9 millones. v. c. m. mislata
La Generalitat dio la oportunidad a los municipios de menos de 10.000 habitantes de ejecutar directamente los proyectos subvencionados con el Plan Confianza, con el compromiso de que el gobierno autonómico abonaría posteriormente el dinero. Las obras comenzaron en 2009 y los ayuntamientos han ido asumiendo las certificaciones, pero a día de hoy muy pocos de estos pequeños consistorios han cobrado ya de la Generalitat. Así las cosas, presionados por las adjudicatarias que ellos contrataron "confiando" en las bondades del Plan Camps, han tenido que echar mano de sus menguantes fondos y pedir dinero prestado al ICO o incluso a bancos, con sus respectivos intereses.
En l'Horta, 20 municipios licitaron directamente los proyectos del Plan Confianza, y de ellos sólo dos (Emperador y Llocnou) ya han recibido al completo la subvención de la Generalitat, mientras que el alcalde de la Pobla de Farnals se limita a señalar que sólo le falta cobrar una última certificación. El resto de regidores, ya sean populares o socialistas, esperan todavía que el gobierno autonómico transfiera los más de 9,6 millones de euros que han tenido que adelantar a las empresas. De esta forma, sólo por el Plan Confianza, el gobierno de Alberto Fabra debe 86 euros por cada uno de los 111.482 vecinos que en 2011 tenían estas 17 pequeñas localidades.
Existen casos muy llamativos como el de Sedaví que, ante el retraso del dinero del Consell, ya ha pagado a la constructora 700.000 de los 1,5 millones de euros que ha costado el aparcamiento en la calle Valencia. O Museros, que destinó un millón de euros del Plan Confianza a la construcción de un Centro de Día y que ha tenido que pedir un préstamo -con 3.000 euros al mes de intereses- para que la adjudicataria cobre. Lo peor es que el edificio sigue cerrado un año después de su finalización.
Para el auditorio de Massanassa, el Plan Confianza destinó 930.000 euros que, por ahora, ha abonado el municipio. Su alcalde Vicent Pastor (PP) se muestra pesimista respecto a cuándo le pagará el Consell. "Adelantamos el dinero pero no somos proveedores, así que seremos los últimos en cobrar", asegura. El ejecutivo de Fabra le debe al Puig, también del PP, más de 750.000 euros por el centro de salud, y unos 150.000 por los viales del polideportivo. Y en Foios todavía esperan los 796.000 euros que el consistorio ha tenido que pagarle a la constructora del Centro de la Tercera Edad. Massalfassar también financió parte de su centro para jubilados con una ayuda de 423.000 del Plan Camps, y no los ha recibido; entre otras cosas, porque la empresa ha abandonado las obras tras llevarse 200.000 euros del consistorio. El 14 de marzo de 2011 el entonces jefe del Consell Francisco Camps inauguró en una jornada maratoniana el Auditorio Municipal de Rafelbunyol, la Biblioteca Municipal y Archivo de Albalat dels Sorells y del centro social La Altruista de Tavernes Blanques, todos ellos financiados con el Plan Confianza. Hoy, la Generalitat aún tiene que pagar 610.648 euros a Rafelbunyol, 545.057 a Tavernes y alrededor de 300.000 a Albalat, según reconocieron sus regidores.
En Rocafort el impago es considerable (680.000 euros) pero repartido en seis proyectos. En Vinalesa se deben unos 400.000 euros por cuatro obras. Y Albuixech espera recibir pronto los 350.000 euros que han costado tres infraestructuras y que ha tenido que pedir al ICO ante las reclamaciones de las adjudicatarias. En Bonrepòs i Mirambell, se aprobó exigir a la Generalitat el dinero que adeuda al municipio, como los 230.635 euros del Plan Camps.
