La resolución judicial que ordena la entrega de tres niños que viven en Alboraia a su padre para que viaje con ellos a México no se ha suspendido a pesar de que la presión vecinal haya hecho que la Guardia Civil haya desistido hoy de la ejecución de la sentencia.
Unos 300 vecinos se han apostado desde primera hora de la mañana frente a las puertas del domicilio de Isabel Monrós para impedir que la Guardia Civil se llevara a sus hijos a los que una sentencia obliga a entregárselos a su padre para que regresen a México con él.
Con gritos de no estáis solos, aplausos y frases de ánimo para los niños los vecinos esperan en la calle que hay frente al número 22 de la avenida Ausías March, donde viven la mujer y sus hijos, esperando que finalmente no sean sacados del edificio. Según han relatado algunos vecinos a Efe, tanto la madre como los tres niños, uno de trece y unos gemelos de 10, han sido atendidos por el SAMU con ataques de ansiedad ante la "tensa situación" que están viviendo.
El padre de los menores, Joaquín Escolano, se encuentra también en el edificio, y aunque él no ha querido hacer declaraciones, su abogado, Jaime Cuevas, ha pedido "respeto a las resoluciones judiciales" y que se evite hacer "un circo mediático" por el bien de los menores. Uno de los menores ha hablado a los vecinos a través de un móvil ampliado por un megáfono y ha asegurado: "No quiero ir con él". Asimismo, entre lágrimas ha recordado que les "duchaba con agua fría" y les "pegaba con el cinturón" y que no quiere moverse del lado de su madre.
Sin suspensión de la sentencia
Por su parte, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), "no ha habido ninguna resolución de suspensión de la ejecución de sentencia prevista para hoy" y la juez "está a la espera de la entrega de un informe escrito sobre la incidencia" que ha impedido a la Guardia Civil hacer efectivo su cumplimiento.
El Tribunal valenciano recuerda que existen varias sentencias dictadas por el juzgado de Moncada 3, y confirmadas por la Audiencia Provincial, de acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, "que supone regresar a tres menores a México porque fueron traídos a España ilegalmente".
