La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al alcalde de Serra, Javier Arnal, y a tres funcionarios del ayuntamiento, de un delito continuado de falsedad documental en relación a las obras de rehabilitación del Castillo del municipio.

El procedimiento surgió a raíz de una denuncia presentada por Consuelo León, extrabajadora del ayuntamiento y presidenta del PP de Serra. La fiscalía acusaba al técnico municipal de certificar tres obras que no se habían realizado para recibir 327.000 euros de subvención procedentes del Ministerio de Cultura, y al alcalde y los secretarios de no comprobar que se habían terminado los trabajos. El Ministerio Fiscal solicitaba por ello seis años de cárcel, 3.600 euros de multa y seis años de suspensión para el técnico; y 3.600 euros de multa y un año de inhabilitación para Arnal. La acusación popular del PP sí que solicitaba seis años de prisión para el alcalde.

Los hechos se inician con un convenio de 2006 entre el Ayuntamiento de Serra y el Ministerio de Cultura para rehabilitar las estructuras medievales defensivas del municipio. De los 436.000 euros de presupuesto con que constaba el proyecto, el ministerio iba a aportar el 75 % de las obras (327.0000) euros, mientras que el consistorio pagaría el restante 25 % (109.000).

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Secopsa, que tras realizar los primeros trabajos de acondicionamiento encontró dificultades para el acopio de materiales, por lo que el técnico emitió dos certificados de obra en junio y julio de 2008, en los que adjuntaba un informe técnico en el que indicaba que eran certificaciones a cuenta para dichas acciones y que «en ningún caso» suponían la «aprobación ni recepción de las obras».

Al parecer, según queda probado ante el juez, dicho informe que daba cobertura a la certificación no fue enviado al Ministerio de Cultura por parte de la trabajadora que tramitaba el expediente, que precisamente era Consuelo León, la denunciante, que posteriormente fue despedida por haber falsificado su titulación académica.

«Falta de credibilidad»

En cuanto al tercer certificado, una prueba pericial caligráfica determinó que las firmas del alcalde y el técnico habían sido falsificadas. Según se extrae de la sentencia, a partir de los metadatos se comprobó que dichos documentos habían sido realizados en el ordenador de León. Estos hechos provocaron que el juez atribuyera «falta de credibilidad» a la denunciante.

El alcalde, Javier Arnal, anunció ayer que tanto él como el resto de absueltos presentarán medidas judiciales contra Consuelo León y el resto de la ejecutiva local del PP por falso testimonio en la causa y por daños y perjuicios.

Las obras nunca llegaron a completarse por distintos problemas que fueron comunicados al ministerio, al que el ayuntamiento devolvió los primeros 100.000 euros de subvención, los únicos que llegó a recibir. En total, el consistorio solo abonó 35.000 euros de sus arcas por las obras preliminares.