El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, diputado por la Región, dijo hoy que "frente a la respuesta jurídica que quieren plantear los presidentes de Murcia y Valencia" al envío de agua del Ebro a Barcelona, el Gobierno central "cuenta con informes jurídicos de toda solvencia" que lo avalarían.
"No soy quien para cuestionar, ni siquiera para valorar, los derechos de nadie", y Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps "están en su derecho de dar las respuestas jurídicas que consideren oportunas, entre ellas el recurso ante el Tribunal Constitucional", precisó en declaraciones a EFE realizadas mediante un cuestionario.
En cuanto a la movilización de la sociedad anunciada ayer en Valencia por Valcárcel y Camps, el ministro cree que "no es una actitud propia de responsables políticos, y sí de quienes no dudan en seguir manipulando un tema tan delicado para arañar un puñado de votos".
Señaló que esta decisión no supone un cambio en la política hídrica del Gobierno, "porque garantizar el abastecimiento en toda España para el consumo humano ha sido uno de sus objetivos cumplidos, con una inversión de 7.700 millones y 763 hectómetros cúbicos más de agua de los que había en 2004".
En todos los casos, añadió, "la política de agua se ha desarrollado y se desarrollará a través de actuaciones económicamente viables y medioambientalmente sostenibles".
"El agua que llegará a Barcelona se obtendrá sin alterar los usos existentes en la cuenca del Ebro ni rebajar una sola gota de su caudal", aseguró.
La solución adoptada, indicó, es "excepcional" y "provisional", y se trata de la misma que se utilizó "para resolver los problemas de Murcia y Alicante cuando padecieron una intensa sequía".
El Gobierno socialista no tiene regiones "favoritas ni discriminadas a la hora de garantizar a todos los ciudadanos el abastecimiento de agua para el consumo humano", concluyó.
