J. Sierra, Valencia

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula el PAI "El Pinaret" de Ador por no contar con el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos emitido por la Confederación Hidrográfica.

Fuentes del departamento que dirige José Ramón García Antón, dijeron que la sentencia "confirma" que el informe emitido por la confederación es "preceptivo", aunque matizaron que "nunca" han discutido este extremo.

"La sentencia lo único que dice es que no se pidió el informe y que hay que pedirlo. Así lo dice la ley y, por tanto, no lo recurriremos", añadieron.

No obstante, las fuentes matizaron que no creen en el carácter "vinculante" del citado informe e insisten en que de acuerdo a la ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y al Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, cualquier entidad suministradora de agua puede realizar un informe y la Generalitat tomarlo en consideración e incluso darle prevalencia, "siempre justificada", respecto al de la CHJ.

En este sentido, anuncian que darán curso a todos los instrumentos urbanísticos que requieran informe sobre disponibilidad de recursos hídricos si éste es favorable, lo emita quien lo emita, y reúne el mínimo de requisitos técnicos. Las fuentes no aclaran cual será la posición cuando ambos informes entren abiertamente en conflicto.

Fijar posiciones

Precisamente ayer, el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicaba la aprobación definitiva del proyecto de Homologación del Plan Parcial Área 4 "Santa Apolonia" del Plan General de Torrent.

El texto de la aprobación, de fecha 25 de abril, está firmado por el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón y en el mismo se fija posición oficial sobre la polémica mediante la "interpretación" de los autos dictados hasta ahora por el TSJ en relación a Ador, Carcaixent y otros conflictos similares.

Según se desprende de esta argumentación, la conselleria exigirá que se pida el informe a la CHJ, pero no proyecta darle carácter vinculante y menos si carece de un estudio detallado que acredite o no la disponibilidad del recurso. incluso admite que recurrirá a los informes de las compañias prestatarias del servicio frente a los "escuetos, poco argumentados y siempre negativos" de la Administración del Estado, y no acepta el silencio negativo transcurridos tres meses desde la petición de informe a la CHJ, tal como contempla la ley, si la compañía suministradora ha acreditado, de manera razonada, que sí hay agua.

"Engaño"

Por su parte, el diputado socialista, portavoz de medio ambiente, agua y urbanismo y vivienda, Francesc Signes, acusó al Gobierno de Francisco Camps de "sustentar el urbanismo valenciano en trampas legales que la justicia está desenmascarando" y la consecuencia es que "ha generado expectativas de trabajo y negocio a miles de personas, que han confiado en proyectos que nunca han tenido viabilidad".

Signes considera "lógico" que esta sentencia sea idéntica en el resto de recursos presentados en promociones como la de Porxinos, el Brosquil y la Vega en Cullera o Nou Mil.leni en Catarroja. El diputado entiende que el TSJ "ha desenmascarado la trama con la que Camps ha estado engañado a los promotores valencianos".