Levante-EMV, Valencia/Alicante

La Guardia Civil de Alicante detuvo ayer a uno de los alcaldes más veteranos de la provincia, el socialista José Joaquín Moya -quien lleva al frente del Ayuntamiento de Bigastro un cuarto de siglo- por su presunta implicación en una serie de supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en este municipio de la Vega Baja. Moya fue arrestado junto con el secretario municipal y dos empresarios y entre los delitos que se le imputan figuran los de malversación de caudales públicos, cohecho y contra la ordenación del territorio.

Las detenciones se realizaron tras una investigación abierta en 2004 por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almoradí y los cuatro implicados han pasado la noche en calabozos de la Benemérita después de que los investigadores registraran durante varias horas la vivienda y el despacho del primer edil. Las investigaciones se centran ahora en localizar el patrimonio inmobiliario y las cuentas bancarias de José Joaquín Moya.

Después de San Fulgencio

Esta operación, que arranca de una subasta de suelo municipal en zona verde para la construcción de naves industriales, se ha desencadenado una semana después de otra en San Fulgencio, que aún sigue abierta tras las detenciones del primer teniente de alcalde, del edil de Seguridad, del jefe de la Policía Local y de otra persona apresada en Valencia. Ambos casos están dirigidos por la titular del juzgado número 3 de Orihuela, que también instruye la «operación Brugal», por la que estuvo preso el empresario Ángel Fenoll. Todas las detenciones se produjeron ayer por la mañana. La del alcalde, a las 11,15 horas en su despacho del Ayuntamiento y la del secretario municipal, unos minutos después. A este último se le acusa de un delito de falsedad documental en relación a unas certificaciones y ambos fueron trasladados al cuartel de Jacarilla, donde permanecieron incomunicados hasta que se les trasladó a la una del mediodía.

El secretario fue conducido a la Comandancia de Alicante y el primer edil, hasta su domicilio, donde se realizó durante más de dos horas un registro judicial en busca de documentación. Pese a que la vivienda se encuentra a 50 del consistorio, el traslado de Moya hasta su despacho fue realizado en un coche de la Guardia Civil custodiado por más de una decena de agentes.

Antes de entrar en el Ayuntamiento, Moya respondió con un escueto «que van a registrarme» a la pregunta de qué pasaba formulada por los periodistas. Minutos antes, cuatro guardias civiles entraron en el Ayuntamiento, donde hablaron con la primera teniente de alcalde, Inmaculada Martínez, y con el edil de Urbanismo, Raúl Valerio. El registro duró cuatro horas y se centró en busca de documentación. Una vez finalizado el alcalde fue trasladado hasta la Comandancia de Alicante. Antes de subirse en el vehículo de la Guardia Civil, el regidor, al que no se le vio esposado, se dirigió a unos doscientos ciudadanos congregados frente al Ayuntamiento y a la treintena de personas que profería gritos de apoyo les pidió silencio, llevándose un dedo a los labios. Mientras se realizaban los dos registros, los dos empresarios detenidos por la mañana permanecieron en los calabozos del cuartel de Almoradí. Los detenidos son Manuel N.H. y José P., que presuntamente habrían cometido cohecho. Uno es hermano de una ex edil socialista que está imputada en otra causa por una adjudicación de parcelas rústicas. La operación coincidió con la visita de la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, y del coronel jefe de la Guardia Civil, Antonio Bernabé Castro, a las obras de la casa cuartel de Almoradí. Llinares confirmó las cuatro detenciones y destacó que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan con eficacia y no distinguen personas cuando hacen su trabajo».

El líder local del PP de Bigastro, José Antonio Ricart, afirmó que las detenciones vienen de una de las seis «denuncias penales y muchas más por la vía contencioso-administrativa, todas ellas por presuntos delitos urbanísticos» interpuestas por su partido.

Alarte aparta del PSPV a Moya y pide al PP que siga el ejemplo

P. R./Levante-EMV, Valencia

La ejecutiva del PSPV no tardó ayer en reaccionar nada más conocer la detención del alcalde de Bigastro y uno de los baluartes del socialismo valenciano en la comarca de la Vega Baja. La secretaria de organización, Elena Martín, anunció que la dirección de partido había acordado «suspender cautelarmente de militancia y abrir un expediente disciplinario» a José Joaquín Moya.

En declaraciones a este diario, el líder socialista, Jorge Alarte, apostó por actuar con «contundencia» y «firmeza» en los casos en los que se produzcan detenciones o imputaciones judiciales a cargos de su partido. Retó al PP a seguir el mismo camino «en casos como los del alcalde de Torrevieja, Alperi, Fabra, el senador Alfonso Ferrada o el ex alcalde de Vila Real». «El PP tiene una doble vara de medir en estos temas», apuntó el secretario general del PSPV después de que el «número dos» de los populares, Ricardo Costa, le pidiera explicaciones sobre las investigaciones de San Fulgencio y Bigastro.

Los mismos argumentos que Alarte utilizó la secretaria de Organización, Elena Martín. «Nadie militará en las filas del PSPV que haya tenido una práctica contraria a la defensa de los intereses públicos y a una honorable gestión», sentenció.

La nueva ejecutiva socialista ha empezado su singladura con una mala racha en los municipios. Cuando se cumple su primer mes al frente del PSPV, ya ha tenido que suspender de militancia y expedientar a los seis concejales que votaron la moción de censura en La Pobla de Farnals, al concejal de seguridad de San Fulgencio, Juan Antonio Gamuz, detenido por la presunta corrupción urbanística en el municipio que se destapó con la difusión de un vídeo, y, ayer, al alcalde de Bigastro. Martín se comprometió a «seguir actuando con rigor, contundencia y ejemplaridad» ante estos casos, mientras el PP «se dedica a mirar hacia otro lado». «Nadie militará en las filas del PSPV que haya tenido una práctica contraria a la defensa de los intereses públicos», dijo. El vicesecretario de organización del PP, David Serra, pidió explicaciones a Alarte por estos casos.