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Sin salirse de la atmósfera de prudencia y dosis de reserva propias del material sensible de que se trata -el gremio togado-, el auto de archivo de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps, Campos, Costa y Betoret ha generado el revuelo esperado por el perfil del asunto -políticos y presunta corrupción- y más. La resolución de Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres, ha logrado consensos en la crítica formulada por jueces de las tres asociaciones profesionales. El portavoz valenciano de Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, declaró ayer a Levante-EMV que con la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ "se ha roto una regla general no escrita según la cual cuando hay una instrucción en marcha y se aprecian indicios de delito, por pequeños que estos sean, se ha de ir a juicio".
Desde la asociación de jueces de perfil progresista, Bosch, titular de un juzgado de instrucción, apela al "principio de inmediación" y señala que el juez ha de acceder a toda la carga probatoria. En su apreciación, coincide con el magistrado Juan Montero -de la conservadora APM-, quien objetó al auto con su voto particular, cuando destacó: "En el trámite en que se encuentra el proceso, la decisión que decrete el sobreseimiento debería responder a la seguridad, en sentido jurídico, de que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito."
El presidente de la Asociación Francisco de Vitoria criticó una decisión de archivar que supone una auténtica bofetada a Flors, que pertenece a esa asociación.
