La FEMP presentará mañana los contratos de la época Barberá

EFE/LEVANTE-EMV.COM El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha anunciado hoy que el viernes entregará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los contratos solicitados de la época en la que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidió la entidad, y Álvaro de la Cruz era su secretario general.

En declaraciones a Efe, ha precisado que él no ha visto esos documentos supuestamente relacionados con la trama madrileña del "caso Gürtel", pero que se están recopilando y será el viernes cuando la Federación facilite la información sobre la documentación que se entregue al Tribunal.

Ha especificado que se informará de "todas las cantidades" de "los eventos y viajes" contratados con las empresas de Francisco Correa, supuesto líder de la trama, y que "se van a cuantificar perfectamente".

Respecto a si rompería una lanza por Rita Barberá, Castro, a pesar de no haber visto los papeles, ha subrayado que "claro que sí" la defiende, "faltaría más".

"Rompo una lanza por ella como presidenta de la FEMP y espero que por el bien de la Federación, sea así", ha apostillado.

Ha recordado que ya dijo en su momento que la Federación no iba a fiscalizar los mandatos de Barberá "y no lo hemos hecho".

"Únicamente, cuando el TSJM nos lo ha pedido se está ordenando, fiscalizando y cuantificando", ha precisado.

Castro ha dicho que no fue él quien suspendió los contratos de la FEMP con las empresas vinculadas con Francisco Correa, sino sus antecesores también socialistas, Francisco Vázquez y Heliodoro Gallego.

A su juicio, esa suspensión podría haber estado motivada porque las ofertas de otras empresas eran mejores a las ofrecidas por las de Correa y, "normalmente, se suele coger la que es más barata u ofrece servicios mejores".

Sobre los regalos que reciben los políticos y si deben tener un límite económico, ha considerado que no es un problema de cantidad, sino de quién hace el regalo y del "marco en el que se mueve".

Castro ha dicho que un cargo público lo es por voluntad y "nadie le obliga, lo que le condiciona a tener una determinada actitud distinta a si estuviera en la vida privada", por lo que es la sociedad, con su voto, la que tiene que "reaccionar" ante estos casos.

A su juicio, no todo lo que ocurre en torno a los cargos públicos "va a ser motivo penal, pero está la ética" y "por la mitad de los casos que están pasando en España en cualquier país democrático habrían dimitido".

En cuanto a los numerosos casos de corrupción que se dan en el ámbito municipal, Castro ha señalado que son los Ayuntamientos los que adjudican y dan las licencias urbanísticas, si bien ha recordado que hay 8.112 gobiernos locales y que la mayoría son escrupulosos en sus cuentas.

Ha indicado que si todos los convenios pasan por la comisión de gobierno y el pleno del Ayuntamiento, "es prácticamente imposible que haya algún chanchullo", por lo que el problema surge cuando se hacen al margen de las instituciones.