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El PP valenciano trató ayer de mantenerse en pie ante el terremoto que ha sacudió a la organización por el informe de la Brigada de Blanqueo de Dinero. El secretario general del PP, Ricardo Costa, -hombre clave, según la policía en la supuesta trama de financiación irregular-, compareció en rueda de prensa para anunciar una denuncia contra los autores del informe, que calificó de "montaje instigado por el Ministerio de Interior" para que el PSPV gane las elecciones en la Comunitat. En la denuncia, que será presentada en nombre del PPCV, se pide al fiscal que investigue a petición de quién y por qué se ha realizado el citado informe. Los populares entienden que el documento forma parte del conjunto de "actos de acoso" a los que están sometidos desde que estalló el caso Gürtel y quieren que la Fiscalía actúe ante un caso de "presunta parcialidad y carácter instrumental de la actuación policial".

Costa, que compareció flanqueado por el vicesecretario de Organización del PP; David Serra,- también señalado en el informe-, se empleó a fondo en tratar de desacreditar la investigación policial cuyo único objetivo, dijo, era "tratar de influir" en la causa que abrió en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por los trajes regalados por la trama de Correa y que fue sobreseída. Para el PP la prueba de cargo de la existencia de una mano negra es que un funcionario de Madrid se desplazó a propósito a Valencia para llevar al TSJCV el informe el día antes de que se viera la causa por el presunto delito de cohecho impropio y sin que ningún juez lo hubiera solicitado. Resaltó que los jueces lo habían devuelto, por lo que, concluyó: "No puede pesar más un informe policial que una decisión judicial".

Sobre las conclusiones del informe, negó la mayor: "No hay financiación irregular en el PP, las cuentas están claras y auditadas por empresas internas y externas", dijo. Para Costa si algo queda claro en el informe es que el PP no paga en dinero B y mantuvo que el partido no ha recibido donaciones de ninguna de las empresas citadas en el documento.

Se reconoce como interlocutor

Costa no negó la veracidad de las conversaciones grabadas por la policía difundidas estos días. Es más, admitió que se reconocía en ellas como interlocutor, pero aseguró que estan sesgadas y que no pueden ser prueba sustancial.

Pese a la firmeza que mostró Costa respecto a su actuación -reiteró que no piensa dimitir-, por primera vez en público y a preguntas de este diario reconoció que el PP "se ha equivocado" al trabajar con Alvaro Pérez, alias "El Bigotes", si bien siguió defendiendo su trabajo en plano profesional. El desmarque público hacia los cabecillas de la trama Gürtel quedó claro también cuando acusó a la policía de dar "más credibilidad a esas personas y a sus ocurrencias telefónicas que a los hechos probados". "No nos pueden hacer responsables de las presuntas irregularidades contables de otras empresas sólo porque hayan trabajado con nosotros", concluyó.

Por su parte, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, otra de las personas señaladas en el informe, anunció una querella por injurias contra los medios de comunicación por sacar conclusiones que no están, dijo, en las conversaciones transcritas y que en todo caso, entiende, le absuelven de haber colaborado con la trama. Desde el Consell, la portavoz, Paula Sánchez de León, defendió la honorabilidad de Rambla, así como la legalidad de todas las contrataciones de la Administración. La alcaldesa, Rita Barberá, aseguró no tener relación con los personajes de la trama.

A la teoría de la persecución se sumaron en tromba numerosos cargos y dirigentes del PP tanto a nivel autonómico como nacional. De "montaje" hablaron el portavoz del PP, Esteban González Pons, entrevistado por la mañana en Canal 9 y el responsable de Justicia, Federico Trillo. Javier Arenas se refirió a "uso partidista de las instituciones". Génova cerró filas con el presidente, si bien algunos dirigentes admiten en privado que este respaldo no es incondicional y que depende de como evolucione la rama valenciana del caso. Aunque la dirección del PP aseguró que Rajoy respalda a Camps y que ambos habían hablado por teléfono, lo cierto es que ayer el líder del PP mantuvo silencio. En un comunicado, el PP remarcó que la dirección nacional cortó su relación con las empresas de Correa.