La comisión para investigar a los partidos durará 60 días, el doble que la del metro

J. G. G./AGENCIAS VALENCIA La comisión de las Corts Valenciana para investigar el accidente de la Línea 1 del metro de Valencia, el más grave en la historia de España y que causó 43 muertos, sólo dispuso, por decisión del PP, de "un plazo máximo de 30 días para realizar sus trabajos". Luego se le dio carpetazo en siete días, el 4 de agosto de 2006. Los populares, en cambio, con el agua al cuello por el caso Gürtel, están más interesados en hurgar en las cuentas de la oposición, para ver si suena la flauta. La propuesta de creación de una comisión de investigación "que estudie la financiación y cuentas" de los partidos con representación parlamentaria (el PP, el PSPV y la coalición Compromís), registrada ayer por los populares, otorga a las pesquisas un plazo de 60 días, una vez se constituya la comisión, el doble que para el metro.
Los populares reconocieron ayer de nuevo que no tienen indicios de irregularidades en la oposición pero, por boca del portavoz adjunto Rafael Maluenda, presentaron la iniciativa como un "ejercicio de transparencia e higiene democrática". Maluenda adelantó sus intenciones al aseverar que la comisión "tiene como objetivo demostrar la transparencia de todos los grupos con representación en las Corts". Esto es, como en la del metro, buscar la absolución del PP y del Consell.
El PSPV, que fue el primero en solicitar una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat a la trama Gürtel, respondió ayer que acepta la comisión que de todos modos impondrá el PP -la mayoría absoluta le da libertad para hacer y deshacer-, siempre que esté presidida por la oposición y que la Generalitat muestre "todos" los contratos con empresas relacionadas con la trama Gürtel. Así lo afirmó en la tarde de ayer el portavoz socialista, Ángel Luna, tras la reunión de la ejecutiva.

Abandonarán la comisión
Luna señaló que el PSPV está dispuesto a aceptar que se analicen las cuentas de todos los partidos, pero advirtió que si no se cumplen la condiciones que plantea, su grupo no asistirá a lo que ha calificado como "sucedáneo de tinta de calamar" de los populares. El síndic socialista recordó que el origen de esta comisión es un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que pone de manifiesto "gravísimas acusaciones" que apuntan a una posible financiación ilegal del PP de la Comunitat.
La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, rechazó la propuesta del PP porque supone una "burda maniobra" para que todos los partidos "seamos sospechosos de lo que solo lo es el PP". "Iniciativa y el resto de partidos de Compromís no tenemos ningún problema en que se estudien nuestras cuentas", dijo, para añadir que "lo que debe quedar bien claro es que no es a nosotros, sino al PP, al que se cita en un informe policial que aborda la financiación ilegal de este partido en nuestra comunidad".


Las peticiones de comparecencia que salgan de la comisión de investigación no tienen nada que ver con las solicitudes aprobadas en los foros ordinarios de la Cámara, como la reciente dirigida a la vicepresidenta De la Vega, sin capacidad alguna para hacer cumplir la citación. En cambio, desde la última reforma del Código Penal, se puso al mismo nivel la obligación de comparecer en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos. Así lo establece de forma tajante el artículo 502 del Código Penal, cuando en su punto primero señala: "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años." Los populares han amagado con citar al ministro Rubalcaba, al que acusan de fabricar el informe de la policía. Faltar a la verdad en una comisión es castigado con seis meses a un año de prisión o multa de seis a doce meses.