Los vecinos afectados por el expediente de expropiación forzosa de la apertura norte y sur del bulevar de San Pedro, en el barrio del Cabanyal, consideran "ilegal" que los hayan citado para el levantamiento de actas de pago y ocupación, y se han negado a acudir a la convocatoria prevista a partir de hoy.

Así lo ha explicado a EFE la presidenta de la plataforma Salvem el Cabanyal, Maribel Domínguez, y lo ha refrendado la abogada Blanca Blanquer, que representa a propietarios de una treintena de viviendas de esa zona, algunos de los cuales no son miembros de esta entidad sociovecinal.

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda había convocado entre los días 1 y 5 de febrero a los propietarios y restantes interesados afectados de un total de veinticuatro fincas para el levantamiento de actas de pago y ocupación.

"Pensamos que no se puede hacer ninguna actuación administrativa vinculada al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar porque está paralizado y hacer ese acto es ilegal", ha afirmado Domínguez.

La letrada ha señalado a EFE que no se presentan a la cita porque hay una orden ministerial "legítima" y emitida por el Ministerio de Cultura "dentro de sus competencias" para paralizar la ejecución del PEPRI. "No acudir a este acto es una cuestión de congruencia y lógica", ha argumentado.

Además, ha explicado que ha impugnado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo el decreto-ley del Consell que anulaba esta orden, ha calificado esta acción del Gobierno valenciano de "reacción violenta" y ha asegurado que "es una declaración de voluntad travestida de decreto-ley".

Según ha indicado, "no hay razones de urgencia ni ninguna cuestión extraordinaria" que justifique el decreto-ley y ha hecho hincapié en que su argumento "es el mismo que el del Consejo de Estado" que propició que el Gobierno recurriera el pasado viernes la decisión del Consell ante el Tribunal Constitucional.

"El Consejo de Estado ha aducido la improcedencia de dictar ese decreto-ley y del Gobierno valenciano de inmiscuirse en las competencias del Estado", ha recordado Blanquer, que ha esgrimido que si "la citación de actas de pago y ocupación no está amparada por la ley, no vamos a contribuir con este exceso cometido por la Generalitat".

La letrada ha explicado que, a partir de ahora, "si se empeñan en seguir por la ley de expropiación forzosa, harán un ingreso en la caja general de depósito y tendrán que ir a sacar a los vecinos porque lo tienen decidido y no se van a ir de sus casas".

"Es una situación absurda legalmente y socialmente insostenible", ha defendido Blanquer, que ha calificado de "ridículas" las valoraciones de las viviendas y ha citado el caso de "una casa de casi 300 metros, dos plantas, construida el año anterior a la aprobación del plan y por la que ofrecen sólo 30 millones antiguas pesetas".

Ha resaltado que en la mayoría de los casos apenas se han valorado los pisos por 36.000 euros, que muchos vecinos "se han visto obligados a salir de sus casas porque las viviendas contiguas han sido alquiladas a familias gitanas e inmigrantes sin papeles" y que "mucha de la población anciana con hijos ya fuera del barrio han sido los primeros en claudicar".

Blanquer ha mostrado su esperanza de que "esta semana" el Tribunal Constitucional tome una decisión que "ponga fin de una vez" a todo este conflicto.