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Las presuntas tramas de corrupción urbanística de los últimos años han mantenido en tensión al gobierno popular de la Generalitat y a la oposición socialista, por las investigaciones que han llevado a diferentes alcaldes a sentarse delante de un juez. El ejemplo más reciente es el de Montroy, cuyo ex munícipe del PP, Francisco Carrión, ha sido detenido por permitir 80 chalés ilegales.
Desde la conselleria de Medio Ambiente, Agua y Territorio se limitaron ayer a decir que de Montroy "no constaba ninguna denuncia por irregularidades" ni tampoco "expediente alguno abierto por disciplina urbanística". Sin embargo, sí que existía un informe de dicha conselleria (Comisión Territorial de Urbanismo) sobre la aprobación de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad de 30 de mayo de 2007, en el que se advertía de que el municipio se encontraba "bastante disgregado y salpicado de edificaciones aisladas" y proponía dar "una solución a la problemática derivada de los asentamientos irregulares". La regularización pasaba por el desarrollo de un plan parcial que el actual alcalde de Montroy -el socialista Antonio Polo- confirmó que se estaba llevando a cabo.
La conselleria de Territorio no investigó tras esa propuesta de regularización de las ochenta casas en suelo no urbanizable, sin luz, ni agua potable. Ni como todo parece indicar tampoco preguntó por la numerosa presencia de viviendas sin licencia todavía por cuantificar. Las administraciones públicas tienen la obligación de comunicar a la justicia cualquier ilegalidad. Bien diferente fue el caso de Catral, donde la conselleria dirigida por Esteban González Pons asumió en octubre de 2006 las competencias urbanísticas ante las más de 1.200 viviendas que se encontraban fuera de ordenamiento, por la gestión municipal de un gobierno socialista. En ese caso el portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós replicó a González Pons y le llamó "usurero de la política" al aplicar determinados "medios cuando le interesan políticamente, pero no cuando se trata de poner freno a las tropelías de los miembros de su partido ya que debería retirar las competencias en materia urbanística a todos los municipios de Alicante del PP, especialmente en aquellos donde sus alcaldes están imputados por delitos urbanísticos", entre los que citó Torrevieja y Orihuela.
El 30 de mayo de 2007 el informe de la conselleria de Territorio advertía de las irregularidades en Montroy. Acababan de celebrarse los comicios autonómicos en los que el PP volvía a ganar. En esa campaña electoral el fuego cruzado por la gestión urbanística centró el debate político.
Fue el propio conseller de entonces, González Pons, quien anunció que nada más ganar las elecciones asumirían las competencias urbanísticas de Moncofa -gobernado por el PSOE- porque en la conselleria estaban recibiéndose "muchas denuncias ciudadanas sobre urbanismo en Moncofa y la situación urbanística y patrimonial de su alcalde, sobre posibles enriquecimientos absolutamente injustificados". Tras la victoria del PP en la Generalitat todo quedó en un amago y Moncofa siguió dirigiendo su urbanismo.
Este diario intentó ayer sin éxito contactar con el ex conseller, Esteban González Pons.
¿Por qué fue posible la construcción de casas ilegales en Montroy?
francisco carrión
El ex alcalde abrió expedientes de infracción e impuso sanciones económicas, pero no impidió a las promotoras que construyeran las viviendas.
antonio polo
"En todos los pueblos próximos a Valencia se construía así, se permitía y la gente no decía nada, pero había que pararlo y aquí lo hemos conseguido parar"
emilio espert
"Intenté frenar las construcciones ilegales, pero no pude y se desmadró en els Mallars". "Se vendían terrenos de algarrobos a precios desorbitados"
esteban gonzález pons
Un informe de la conselleria advertía de "asentamientos residenciales irregulares", sin embargo no se puso en conocimiento de la justicia por si existía alguna ilegalidad
