Los jueces condenan a la promotora de Montroy a devolver el dinero a los ingleses

Los juzgados de Picassent tramitan más de 20 denuncias por estafa, falsedad y alzamiento de bienes Las sentencias recriminan que la empresa no informara a los compradores de que sólo podrían construir explotaciones agrarias

 
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Una pareja de jubilados ingleses residentes en Montroy se lamenta de no tener aún escritura, luz ni agua.
Una pareja de jubilados ingleses residentes en Montroy se lamenta de no tener aún escritura, luz ni agua.  p. f.
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REGINA LAGUNA VALENCIA ­Los compradores ingleses y alemanes de los chalets de Montroy no tardaron en sentirse estafados cuando la promotora Morarim SL no les dio la escritura del terreno y, en algunos casos, ni siquiera la casa construida. Más de una veintena de denuncias civiles y penales se tramitan en los juzgados de Picassent, en las que los jueces vienen condenando a los promotores a devolver el dinero. Estas denuncias, que comenzaron a llegar en 2007 al no cumplir la condiciones del contrato, originaron una investigación paralela que derivó en unas diligencias abiertas en enero del año pasado y que culminaron el miércoles con la detención de seis técnicos, promotores y constructores además del ex alcalde y concejal del PP de Montroy, Francisco Carrión. Excepto el promotor, el resto quedó en libertad bajo fianza.
Hasta ahora, los jueces ya están dando la razón en la vía civil, que va más rápida que la penal. Las demandas civiles piden la resolución contractual con la devolución del dinero o la entrega de la escritura. Mientras que las penales denuncian por estafa, falsedad y alzamiento de bienes. Las cantidades exigidas oscilan entre los 30.000 euros por la venta del terreno hasta 150.000 o 200.000 que pueden haber abonado por una casa sin construir o por una casa con piscina, sin luz ni agua.
Así, la última sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Picassent, notificada el pasado 7 de enero de 2010, condena a Morarim SL a «restituir» la cantidad de 89.320 euros, por un contrato de obra que no se llegó a realizar.

Una villa tipo ciprés
A cambio de 137.600 euros, incluidos los 34.280 por un terreno en la partida Caña Palomo de Montroy, la empresa se comprometía a «construir sobre la parcela que acababa de vender una villa tipo Ciprés». No obstante, el comprador, un residente inglés que tuvo como intermediario a la inmobiliaria Zodiac Villas —con oficinas en Calp y en Surrey (Reino Unido)—, vio que transcurrían cinco años sin que les entregaran la vivienda y con la imposibilidad de construirla «en la actualidad».
Morarim se justifica ante el juez en que, al comprar los terrenos, los ingleses se convierten en promotores. Pero el juez entiende que hay una unidad de contratos entre el de la venta de terrenos y el de la obra, aunque uno de ellos se haya firmado con Zodiac Villas en Inglaterra. Y añade que se trataba de un «contrato tipo» con una «edificación tipo» también, en este caso, «ciprés». Y añade, los compradores «debían ajustarse al formato contractual propuesto por Morarim y sin posibilidad alguna de llevar a cabo modificaciones».
El juez recrimina a la empresa demandada por no informar sobre la condición urbanística de la parcela. «Se advierte que los compradores no fueron convenientemente informados por Morarim sobre la calificación urbanística de los terrenos ni las dificultades de tramitación», añade.
Además, de la sentencia se desprende que la promotora sabía que estaba construyendo en suelo rústico sin permiso. Morarim alegó ante el juez que, por las informaciones de Zodiac Villas y el carácter público del Registro de la Propiedad de Carlet, los compradores debían conocer que «las fincas que se les vendían eran rústicas e indivisibles». Y también explicaron que el Ayuntamiento de Montroy «había presentado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para transformar dichas parcelas en urbanizables».
La promotora se excusó en que no era su voluntad que las parcelas no fueran urbanizables. Pero el juez replica que, por su profesionalidad, «debía conocer la imposibilidad jurídica de construir y, por tanto de cumplir sus contrato».

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