La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, dio ayer un vuelco radical respecto a la postura de su partido ante la Ley de Memoria Histórica al prometer que su gobierno ayudará a los familiares de desaparecidos del franquismo que buscan los restos de sus allegados. Este anuncio contrasta con el rechazo frontal del presidente de la Generalitat Valenciana , Francisco Camps, quien ha llegado a acusar "a los socialistas de Zapatero de dinamitar el mayor acuerdo político y social de la historia de España", en referencia a la Transición, con la llamada "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura".
"No hemos recibido todavía ninguna petición, pero en el momento en que las recibamos estamos absolutamente dispuestos a hacer lo necesario para que todos los madrileños que quieran buscar los restos de sus antepasados que creen que fueron fusilados, que están en una cuneta, en una fosa común o en cualquier otro sitio, puedan buscarlos", afirmó Aguirre en rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP de Madrid.
La dirigente regional, que dijo que está "a favor" de defender a todas las víctimas, "también a las del Franquismo", insistió en que la Comunidad de Madrid prestará ayuda a cualquier madrileño cuyos antepasados, familiares, seres queridos estén desaparecidos y "quiera buscar sus restos".
"No es una prioridad"
El Consell se ha negado en repetidas ocasiones a aplicar la Ley de la Memoria en la C. Valenciana, donde el pasado mes de marzo se excavó en Benagéber la primera fosa común de la dictadura sin ninguna colaboración de la Generalitat, que también ha rechazado elaborar un mapa de fosas de represaliados que reclaman asociaciones como el Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica.
Esta actitud de la Generalitat ante las víctimas del franquismo no es nueva, puesto que ya en abril de 2008, el entonces portavoz del Consell, Vicente Rambla, dejo claro el ejecutivo valenciano no iba adoptar "ninguna medida para poner en marcha" la Ley de Memoria Histórica. "Puedo garantizar que esta normativa no es una prioridad para este Gobierno", añadió.
El portavoz del Grupo por la Memoria, Matías Alonso, se congratuló ayer del anuncio de Aguirre, del que dijo que "deja aún más en evidencia la insumisión de la Generalitat ante la Ley de Memoria histórica". En este sentido, criticó la falta de colaboración de la Administración valenciana gobernada por el PP a la hora de ayudar a buscar los desaparecidos del franquismo, y puso como ejemplo que el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barberá, "bloquea desde hace meses un simple traslado de restos por que se trata de una víctima del franquismo".
Se refiere al caso de Pedro Alcorisa, un antiguo maquis de 90 años, que busca los restos de su padre, al que la Guardia Civil se llevó preso el 16 de abril de 1947 con el fin de interrogarle sobre el paradero de su hijo. Teófilo, de 51 años, murió tras una semana de torturas y palizas en el cuartel de Arrancapins. Pedro y su familia tardaron 20 años en saber que su padre yacía en la fosa común del Cementerio Civil de Valencia.
Barberá frena una exhumación
El pasado verano pidieron trasladar estos restos al cementerio de Burjassot y enterrarlos junto a su madre. "El ayuntamiento no contestó hasta diciembre, cuando exigió un permiso de la Generalitat, que entregaron en tiempo y forma. Estamos casi en mayo y no sabemos nada todavía", explica Alonso.
Barberá ya dejo claro en enero, ante el anuncio de que se iba a pedir la exhumación de Teofilo Alcorisa, que no iba autorizarla. "Puede pedir todo el mundo lo que quiera, ya dirá el juez", sentenció.
La postura de Barberá y del Consell, donde ayer declinaron valorar el anuncio de Aguirre, contrasta con la del alcalde popular de Paterna Lorenzo Agustí. "A nadie le puede molestar que respetemos a quienes murieron por la libertad". Así se pronunció Agustí hace tres años cuando obligó a un edil a portar una corona de flores con la bandera republicana para homenajear a los fusilados que están enterrados en las fosas del cementerio de Paterna.
Ayer, tras el anuncio de Aguirre, Agustí se ratificó en sus palabras y aseguró que su consistorio siempre "estará al lado" de las familias de represaliados que quieran buscar cualquier información en el archivo municipal y del camposanto sobre sus antepasados ejecutados en el paredón de España.
