La Comunitat Valenciana es una de las 9 autonomías, siete de ellas gobernadas en solitario o en coalición por el PP, que no ha realizado todavía el mapa de fosas comunes con víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura previsto en la Ley de la Memoria. Asociaciones como la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria de Alicante, el Grup per la Recerca de Castelló, o el Grupo por la Memoria de Valencia, instan al Consell a que cumpla con el artículo 12.2 de la citada ley que le obliga a localizar e identificar estas fosas.
El historiador Vicent Gabarda, el principal investigador valenciano de la represión franquista, destaca que fosas con víctimas de la Guerra Civil y el franquismo "hay en toda la geografía del País Valencià, o al menos las habría en un momento determinado". Según el historiador y los cálculos de los citados colectivos memorialistas, hasta 83 de los 542 municipios de la C. Valenciana podrían contar con fosas comunes susceptibles de ser identificadas.
Mientras la presidenta de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, ha anunciado que ayudará a los familiares de desaparecidos a buscar los restos de sus allegados, el Consell y el PP en las Corts ni siquiera han contestado a la pregunta de Levante-EMV sobre si iban a emular esta mano tendida a las víctimas del franquismo.
Una luz de esperanza
El acuerdo al que llegaron el martes en el Congreso el PSOE e IU que obliga al Gobierno a hacerse cargo "de las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo" cuando no las garanticen autonomías como la valenciana, abre una luz de esperanza entre las familias de desaparecidos que, más de 70 años después, aún buscan un lugar en el que depositar flores a sus seres queridos.
Gabarda contabiliza en su libro Els afusellaments al País Valencià (1938-1956) 4.434 ejecutados durante la posguerra, la mayoría de ellos entre 1939 y 1942, más otros 1.165 represaliados muertos en las cárceles franquistas. Explica que en los 40 municipios "donde se llevaron a cabo ejecuciones tras el fin de la Guerra Civil, sin lugar a dudas debió existir en su momento una o varias fosas en sus cementerios donde irían a parar los fusilados".
"Es cierto -matiza- que muchos de ellos fueron enterrados en nichos individuales pagados por sus familias que se hicieron cargo del cadáver una vez certificada su defunción por el forense, pues hay constancia testimonial de este tipo de acciones". No obstante, "es indudable que otros muchos serían enterrados en la fosa que, normalmente, existía en cada cementerio". Lo que haya sido tanto de la fosa como de los restos que permanecieran en ella, según Gabarda "depende en buena medida de las necesidades de suelo del titular de la necrópolis", bien sea el ayuntamiento o la Iglesia.
Igualmente en fosas de cementerios yacen la mayoría de los maquis o acusados de colaborar con la guerrilla muertos en enfrentamientos en montes y ciudades, o a los que se les aplicó la Ley de Fugas, una ejecución extrajudicial en toda regla. Gabarda contabiliza hasta 39 municipios donde fueron abatidos guerrilleros o sospechosos de apoyarles, muchos de ellos víctimas de la temida "contrapartida", guardias civiles disfrazados de maquis que aterrorizaron las comarcas del interior de Valencia y Castelló. "Dudo mucho que en un primer momento alguien se hiciera cargo de los cuerpos, o que el ayuntamiento abonase los gastos del sepelio en un nicho individual de los maquis", apunta el historiador, que en su obra identifica hasta 114 muertos, ejecutados incluidos, por su relación con la guerrilla.
La montaña de los huesos
Este panorama se vuelve más dramático, si cabe, en el caso de los soldados caídos en el frente de batalla de la línea de fortificaciones XYZ, donde, entre julio y agosto de 1938, las tropas republicanas frenaron la ofensiva con la que los sublevados pensaban alcanzar Valencia. Se estima que en esta batalla murieron 10.000 soldados de ambos bandos.
Al acabar la guerra, quedaron esparcidos miles de cadáveres por los montes de la Sierra de El Toro hasta la Peña Salada, la mayoría eran soldados republicanos que no tuvieron quién los enterrara. El portavoz de la Asociación de Recuperación de la Memoria del Alto Palancia, Antonio Moreno, explica que existen cartas del Ayuntamiento de El Toro a la Diputación de Castelló fechadas en 1950, "en las que el alcalde pide ayuda para sepultar a los soldados que 11 años después del final de la guerra aún quedaban por enterrar".
Moreno relata que los neveros y pozos de estas montañas, como el pozo Junco, están repletos de cientos de cadáveres. Las antiguas trincheras también sirvieron de fosas improvisadas, con lo que con el paso de los años y la erosión, ahora afloran a la superficie cráneos y otros restos óseos como si libraran su último combate contra el olvido.
