El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castelló, Javier Carceller, ha decidido continuar con las diligencias de investigación penal contra el alcalde de Vall d?Alba y presidente en funciones de la Diputación Provincial, Francisco Martínez, por presuntas irregularidades en la inscripción de personas en el padrón municipal de la localidad.
La decisión del fiscal jefe se produce a raíz de que el PSPV de Vall d'Alba presentase una denuncia para que la Fiscalía investigase si cerca de 200 personas fueron empadronadas de forma ilegal en la Vall d'Alba en la antesala de las pasadas municipales para que pudieran votar.
La documentación adjunta a esa denuncia acreditaba como el censo de habitantes de la localidad aumentó en 644 personas durante el año 2006, cuando el crecimiento del padrón los años anteriores y posteriores al 2006 fue de 45 ó 50 personas por año. Además, en esa última denuncia se explica cómo se dan de baja a empadronados en el municipio después de cada denuncia presentada por el PSPV de Vall d'Alba en 2007, 2009 y 2010.
Según indicó ayer el portavoz socialista de la localidad, Fernando Grande, "los certificados de Martínez tienen la misma credibilidad que la declaración de la renta de Carlos Fabra, al realizar fraude electoral por empadronar a personas para que le votasen en 2007 y que ahora ha dado de baja".
Grande señaló que Martínez "puede seguir con su estrategia de engañar a sus vecinos con argumentos falsos y ridículos, como que en casa de sus concejales no viven 8 ó 9 personas sin parentesco entre ellos, en el ayuntamiento no viven el secretario y su mujer y que 644 personas no vinieron a vivir en el 2006 a Vall d' Alba, pero sí vinieron a votar".
Cabe recordar que, además de las denuncias socialistas por supuestamente inflar el censo de cara a las municipales, las denuncias siguieron con motivo de las europeas de 2009.
El PSPV trasladó ese año a la oficina del Instituto Nacional de Estadística (INE) una relación 87 personas que sin vivir en la Vall d'Alba votaron. El INE remitió la denuncia al ayuntamiento para que certificase la residencia de las personas denunciadas. El pasado 25 de septiembre, el consistorio inició el procedimiento de baja en el padrón de 23 personas de la denuncia.
En enero de este año, el PSPV presentó una nueva denuncia ante la delegación de la oficina del censo electoral de Castelló, con 72 empadronados. También se aportaron datos del INE sobre el incremento del padrón municipal desde el año 2003 al 2009, que reflejan que en el año anterior a las elecciones municipales se incremento el padrón en 644 personas, y el censo de votantes en 456.
La secretaria del PP en Castelló, Marisol Linares, defendió que el propio INE avala la actuación del Ayuntamiento de Vall d'Alba en el caso del incremento del padrón municipal.
El presidente y dos
vicepresidentes,
salpicados por los
escándalos políticos
La decisión del fiscal jefe de abrir diligencias de investigación por el supuesto fraude en el censo de Vall d'Alba supone que Francisco Martínez pasa a engrosar la lista de mandatarios de la corporación salpicados por escándalos políticos.
Así, el presidente Carlos Fabra figura como imputado en uno o varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal desde el año 2003, cuando un empresario le acusó de cobrar comisiones millonarias por hacer favores en ministerios y consellerias. Tras más de 6 años de investigación judicial, el mandatario popular no ha podido explicar por qué no declaró al fisco 1,7 millones de euros. Además, el fiscal anticorrupción ultima su escrito de acusación provisional, en el que podría solicitar penas de cárcel por 5 delitos contra la Hacienda Pública.
Al mismo tiempo, Vicent Aparici, vicepresidente segundo de la diputación, libra su particular batalla con la Justicia. El fiscal ha pedido ya 7 años de cárcel para él por el caso de los vertidos de la Vall en su etapa de alcalde de este municipio. El Juzgado de Nules ha remitido el expediente a la Audiencia Provincial, que debe fijar día para el juicio.
