La negligencia y la falta de agilidad en la aplicación de la ley de la dependencia por parte del gobierno de Camps ha ocasionado un descalabro financiero al perder más de seis millones de euros de la financiación general del Estado, según informó ayer la Delegación del Gobierno.
El 1 de julio era la fecha límite para que la Conselleria de Bienestar Social adecuara sus indicadores a la media nacional. Pero llegó el día y el departamento que dirige Angélica Such y la empresa Avapsa, encargadas de tramitar los expedientes y dictar las resoluciones acumulaban importantes retrasos.
El incumplimiento administrativo de los gestores de la Comunitat Valenciana lo pagarán los dependientes que no podrán beneficiarse de esos 6.187.986 euros que a la autonomía le hubieran correspondido por el número de personas potencialmente dependientes. O lo que es lo mismo, de 31.482.773 euros que había que cobrar por indicador poblacional se recibirán 25.294787.
Los suspensos se han dado en los dictámenes de grado, al haber hecho un 23% menos de los que correspondían; los PIA, con un 43,2% menos; las prestaciones de servicio reconocidas, con un 39,4% y la formación de cuidadores, con un 50,3% menos.
