Mientras 1.800 personas pueden ir a la calle a partir de septiembre por la falta de financiación de la Generalitat a las residencias donde se encuentras ingresados, las empresas asociadas a la patronal de residencias de la Comunitat Valenciana (Aerte) disponen de más de 2.300 plazas libres en toda la comunidad autónoma. Un número significativo teniendo en cuenta que en las residencias públicas encontrar una plaza libre es toda una odisea.
Este dato se comprende mejor si se tiene en cuenta que en el año 2008 el actual vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y por aquel entonces conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, aumentó en un 170% el número de plazas concertadas con residencias privadas. De hecho, la Conselleria de Bienestar Social ha ido aumentando el presupuesto de tal forma que la partida económica prevista a financiar las plazas en residencias privadas desde el año 2006 fue aumentando hasta cuadruplicarse en 2010.
Valencia en cabeza
Por provincias, Valencia dispone de 1.334 plazas libres, distribuidos en más de cien residencias privadas. Castellón cuenta con 367 habitaciones vacías y por otra parte, Alicante posee 665 estancias sin ocupar; todas ellas en centros privados. El impago del Consell puede dejar sólo en la provincia de Valencia a más de 600 dependientes en la calle ingresados todos ellos en residencias privadas en régimen concertado. En Alicante el número de afectados se eleva hasta 700, un 40% del total de las plazas de la Comunitat Valenciana y en Castellón se estima que pueden ser más de 500 las personas mayores dependientes que perderán su plaza el uno de septiembre cuando la Conselleria de Bienestar Social no renueve el pago de las plazas concertadas.
Reunión de la patronal
Ante esta tesitura, la patronal de residencias ha convocado para hoy una reunión de su junta directiva de manera urgente para analizar el problema y decidir las medidas que tomarán. Para Aerte todo este problema de financiación se debe a una disputa entre el gobierno central y el valenciano por ver quien debe financiar las plazas, un conflicto "del que sólo salen perdiendo los dependientes". Desde Aerte sostienen que es el Consell quien debe asumir las competencias y "no dejar de lado a las personas que más necesitan del apoyo institucional".
La entidad ve con preocupación la más que posible supresión de las ayudas ya que la mayoría de los familiares de los residentes no se podrían permitir abonar el coste completo de una residencia privada que puede ascender a 2.000 euros mensuales. La organización ve con temor el recorte de las ayudas, porque el volumen de las subvenciones que reciben del Consell asciende a cuatro millones de euros mensuales. Una cantidad de la que difícilmente pueda prescindir la patronal y que pueda ser cubierta por las familias de los dependientes.
Negativa de la consellera
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, niega que "se vayan a eliminar las ayudas a los dependientes" y alega que "todos se trata de un mero trámite administrativo". Pese a esta negativa, la consellera tiene prevista una reunión con la patronal.
Los familiares ratifican la manifestación para el martes en Valencia
Los parientes de los dependientes de Alaquàs que asistieron ayer a la reunión que mantuvieron con las alcaldesas de Alaquàs y de Aldaia decidieron formar una plataforma con el fin de defender el derecho de sus progenitores de seguir manteniendo su plaza en la residencia de L'Albereda.
Pese a la oposición inicial de algunos familiares a "armar revuelo", se han puesto de acuerdo y han confirmado que el martes 31 de agosto se manifestarán en la plaza de Manises con el lema "de la residencia en la calle", para llamar la atención del Consell y aseguraron que "trataremos de movilizar al mayor número de gente posible porque no hay derecho a lo que quieren hacer con nuestros mayores". "Lo peor es la desinformación a la que estamos sometidos", relató un familiar, "nos tenemos que enterar de lo que va pasando por la prensa", agregó otro. De todas formas, los parientes esperan "que todo esto sea una pesadilla, que nos levantemos mañana y leamos que todo va perfecto".
A las protestas se sumó la plataforma de defensa de la ley de dependencia, que va a prestar en adelante su apoyo a los familiares para preparar las concentraciones que se puedan suceder y aportar su experiencia.
CC OO califica la situación de "muy grave" y alerta de la afección al empleo
El sindicato CCOO PV denunció ayer que la supresión de 1.800 plazas de personas dependientes ingresadas en residencias para mayores por la no renovación por parte del Consell del concierto de plazas de accesibilidad social, afectará a 900 puestos de trabajo de atención directa.
La organización sindical incidió en que las principales damnificadas por esta medida serán las mujeres, en su mayoría enfermeras y auxiliares, que son las que garantizan una atención de calidad a los usuarios.
Según los datos de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV, con estos recortes también se verán afectadas un número importante de mujeres que podrían verse obligadas a dejar sus puestos de trabajo para cuidar a sus familiares por no tener una plaza residencial.
A estas personas a las que se les suprime la plaza, se suman las 2.000 personas que ya tienen reconocido el grado y nivel y que están en espera de adjudicación de una plaza, resaltaron desde CCOO.
El sindicato denunció que esta situación es "muy grave" dado el contexto económico y social de la Comunitat, con uno de los índices de paro más altos, con un nivel de pensión inferior a la media estatal y a la cola del Estado en cuanto a grado de aplicación de la Ley de Dependencia.
Aún siendo conscientes de que los recursos son limitados, la central sindical señaló que las personas, las prestaciones sociales y el empleo "deben ser una prioridad indiscutible", por lo que se oponen a cualquier medida en detrimento de los derechos subjetivos y las que supongan la desaparición de puestos de trabajo.
CC OO advirtió que no descarta tomar otro tipo de medidas más contundentes.
