Ante un empate técnico el clima social alrededor de una infraestructura conflictiva -como el almacén nuclear- es crucial para elegir el muncipio donde se construirá, según fuentes cercanas al Gobierno. El Consell tenía fácil mostrar su malestar y rechazo ante el Gobierno, pero no lo hizo. Así se desprende del informe sobre emplazamientos para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) del Ministerio de Industria.

Mientras, los parlamentos autonómicos de Cataluña y Castilla-La Mancha enviaron al ministerio los pronunciamientos negativos a la ATC de sus respectivas cámaras, en el caso de la Comunitat Valenciana ni las Corts ni el Consell remitieron una proposición no de ley contra el almacén aprobada en 2006 por las Corts; con los votos a favor del PP, del diputado ecologista impulsor del texto, Carles Arnal, y con la abstención del PSPV.

En aquella resolución, las Corts pedían "al Gobierno español que rechace la pobilidad de ubicar el almacén centralizado provisional en superficie de residuos nucleares de alta actividad en la central nuclear de Cofrentes o en instalaciones anexas a ella" y también que "las Corts declaren de manera solemne su firme oposición a albergar en territorio valenciano los residuos nucleares de alta actividad que provienen de las centrales nucleares del Estado español". De ese acuerdo tenía que dar cuenta las Corts en los siguientes tres meses. Sin embargo la mayoría del PP silenció ese texto antinuclear -avalado por los populares- hasta en siete Comisiones de Seguridad Nuclear posteriores. La Generalitat Valenciana había sido la primera autonomía en posicionarse en contra del ATC pero el gobierno de Camps ni lo publicitó ni envió el acuerdo al ejecutivo español.

En el informe sobre los posicionamientos de las comunidades autónomas sobre la instalación del ATC, el apartado de la C. Valenciana se resume en cinco lineas en las que se explica que "no se tiene constancia de posicionamiento alguno de las Cortes Valencianas" y que "en el escrito remitido por la conselleria de Medio Ambiente únicamente se formulan alegaciones en relación con la aplicación de los criterios de la convocatoria pública al término municipal de Zarra". De la negativa de las Corts aprobada en 2006 nada de nada.

Ayer, el Consell afirmaba que remitió un informe en abril de este año en el que pidió considerar la "posible afección" de los espacios naturales y de los hábitats de conservación prioritaria de la zona. Asimismo la Generalitat destaca que la ubicación del almacén debe "garantizar la preservación de la insfraestrucutura verde".

"De la Vega ha jugado con los valencianos"

El portavoz del PP en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, afirmó el sábado que "Zapatero y De la Vega han querido jugar con los valencianos y han encontrado una oposición frontal de los ciudadanos y del Consell". Blasco recordó que las Corts "ya fueron claras en 2006 cuando aprobaron el rechazo de cualquier instalación de estas características". En el plano técnico el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, recordó que en junio mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de Energía, "en el que le recordé que había un informe medioambiental que determina que esta ubicación (Zarra) no es la idónea". El conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, afirmó

por otro lado, que el gobierno español "intenta hundir a la Comunitat Valenciana dejándola sin recursos económicos y naturales necesarios, como el agua, y mandándonos los residuos de toda España". Cotino agregó que, además, la decisión de instalar el ATC en Zarra se llevó a cabo "con nocturnidad y alevosía, puesto que tomaron la decisión en una reunión que se celebró la tarde anterior al Consejo de Ministros". También relató que "de qualquier modo esperamos que la ubicación final no sea Zarra, y en el caso de que lo sea recurriremos la decisión porque nos oponemos radicalmente a la instalación del ATC".

"El PP hace dejación

de funciones"

La diputada de Compromís, Mireia Mollà, acusó ayer "al PP de hacer dejación de sus funciones" por no enviar a Madrid la proposición no de ley aprobada por las Corts en 2006 de rechazo al almacén nuclear. "Los valencianos fuimos los primeros en manifestarnos en contra y ahora nos encontramos ante una indefensión total porque lo que se aprueba en las Corts después no se cumple" apuntó. Mollà trasladará toda la información al diputado de Iniciativa en el Congreso, Joan Herrera, para que "llegue hasta el final". Por su parte el portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista, Carles Arnal, reclamó ayer una movilización ciudadana contra el ATC. Asimismo, tildó de "sorprendente" la "firme oposición" que el Gobierno valenciano "pretende manifestar ahora, tan tarde, tras mantener la boca bien callada durante tanto tiempo, cuando era necesario responder, argumentar, replicar legal y técnicamente y dejar clara y contundente la oposición al proyecto". El dirigente de Els Verds dijo que "si el Gobierno central ha escogido Zarra es porque la administración valenciana del PP es la que menos se ha opuesto al proyecto desde que se hizo pública la candidatura".