El presidente de la Diputación de Alicante y presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, en la picota por su imputación en el caso Brugal y su relación con el empresario Enrique Ortiz, encontró ayer alivio a sus problemas en la polémica que ha afectado al portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, por la reforma de su casa: "Eso es lo de siempre, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y al final, pasa lo que pasa", soltó Ripoll, quien hasta ser imputado en el caso de las basuras era una de las voces dentro del PP que reclamaba que se tomarán medidas internas ante el caso Gürtel.

La declaración del líder alicantino fue la única fuera del guión de los populares quines han encontrado en la polémica sobre Luna un auténtico filón para desacreditar al portavoz socialista. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, dejó claro que "no pararán" hasta que el síndic socialista dé explicaciones sobre si pagó o no la reforma de su casa que le hizo el constructor alicantino en 1997 cuando Luna era abogado y hacía tres tres años había dejado la alcaldía de Alicante. Sánchez de León pidió coherencia al PSPV y que aplique el mismo "código ético" que se aplicó al ex secretario general Joan Ignasi Pla y al portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós. Acto seguido rechazó que el PP tenga que aplicarse la misma receta para sus imputados -fue preguntada en concreto por Camps- ya que, dijo, ellos son "coherentes" porque consideran que deben ser los jueces "los únicos con capacidad para juzgar las conductas". Eso sí, en el caso del PSPV, "la persona que se ha constituido en el el adalid de la honestidad, de la transparencia y en juzgador de otras conductas debe dar una respuesta sobre su conducta", subrayó. En la misma línea, el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, aseguró que el PSPV afronta el Debate de Política General con dudas sobre la "honorabilidad" de su portavoz. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por su parte, habló del "cazador, cazado".

Luna insistió ayer en su denuncia de que están intentando callarle y deslegitimarle por dedicarse a investigar la corrupción en la Administración valenciana. "No me van a callar", advirtió.