La Sindicatura de Comptes quiere imponer "medidas disciplinarias o sanciones económicas" a aquellas corporaciones locales que incumplan la obligación de rendir cuentas. En el informe de la Cuenta General de Entidades Locales de 2008, la institución reivindica la necesidad de que se la dote de los "medios personales y normativos" que le permitan cumplir con sus funciones de fiscalización y en este sentido, pide capacidad para sancionar a quienes no colaboren con la fiscalización.
El informe, que constata la situación de quiebra en la que se encuentran la mayoría de los municipios valencianos, evidencia que un total de 43 ayuntamientos no han presentado sus cuentas este año, a los que hay que sumar otras 289 entidades locales que no presentaron a tiempo los datos solicitados para que fueran fiscalizados por la Sindicatura. Además, 27 municipios tienen cuentas pendientes de ejercicios anteriores.
En sus recomendaciones la Sindicatura pide a la Generalitat que cumpla la ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, que establece que un requisito para conceder subvenciones a las entidades locales debe ser que hayan presentado la Cuenta General, debidamente aprobada.
La disposición del órgano fiscalizador de multar a los ayuntamientos opacos resulta llamativa dado que en el mismo informe pone de relieve la asfixia de las arcas municipales. De hecho, el informe, hecho público el pasado lunes, concluye que la necesidad de financiación de los municipios ha aumentado en un año un 469%.
Debilidades en la gestión
Además, advierte de que del análisis económico financiero que ha realizado se deducen "debilidades en la gestión económica", ante lo que recomienda a cada entidad que analice las causas y adopte las medidas necesarias. Las corporaciones municipales, recuerda, deben prestar "especial interés" en que la documentación relativa a los presupuestos se confeccione y apruebe en los plazos fijados, ya que son "un instrumento de planificación". Éste, añade, "ha de constituir un objetivo prioritario para las entidades locales, no sólo por ser una exigencia legal sino, también, porque refleja transparencia en la gestión y en el manejo de los fondos públicos".
La Sindicatura también destaca que el pleno de la corporación, como órgano fiscalizador de la gestión de la entidad, debe exigir la presentación de la Cuenta General para que sea aprobada antes del 1 de octubre, con independencia de que luego los órganos de control externo exijan la rendición. Antes de su remisión a estos datos deben ser analizados y las incidencias detectadas por la plataforma de rendición de cuentas deben quedar justificadas.
Las recomendaciones también van en el camino de potenciar el "control interno", con el objetivo de garantizar la fiabilidad de la contabilidad y la rendición de cuentas, así como la adecuada protección de los archivos y el cumplimiento del principio de legalidad.
