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"De dinero nunca hablamos. Me dijeron que no tenía que pedir dinero a nadie. Aquello era una obra que teníamos que hacer. Se hizo a nombre de Enrique [Ortiz], me la pagó y ya está. Yo no sé, yo puedo pensar que era un regalo pero, claro, cada uno... no estoy en su piel ni sé exactamente, pero en principio que era una obra que teníamos que hacer". El contratista Javier Ponce, que puso el material y la mano de obra en la reforma de la casa de la actual esposa del portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, confirmó ayer a la Cadena Cope que cuando hizo la obra estaba convencido de que se trataba de un regalo de Ortiz a Luna y que él no cobró ni del síndic socialista ni de su esposa.
Las declaraciones de Ponce, quien podría ser citado a declarar a instancias del PP en el caso de la reforma de la casa de Luna, se producen tras la declaración el lunes ante el TSJ del dirigente socialista. En su comparecencia ante el juez, Luna defendió que el coste de los trabajos los sufragó su actual esposa, que entonces no lo era, si bien las entregas de dinero las realizaron tanto él como su mujer.
Comisión de 1994
El Ayuntamiento de Alicante, por otra parte, creó en el año 1994 una comisión de investigación por las adjudicaciones municipales que no derivó en ninguna denuncia judicial. Las conclusiones finales redactadas por la oposición hablaban de presuntas anomalías en adjudicaciones y fueron rechazadas por los doce votos del PSOE y el edil tránsfuga Ángel Mínguez frente a los trece votos de PP y EU, gracias al voto de calidad del entonces alcalde, Ángel Luna. El independiente por el SCAL, Diego Zapata, que fue quien precisamente reclamó crear la comisión se abstuvo. Luna estaba al frente de una corporación en la que los socialistas acababan de perder la mayoría absoluta. El abogado que ha presentado la querella contra Luna ha pedido que el dictamen de aquella comisión se incorpore a la causa.
En ese dictamen final el PP y EU propo?nían, entre otras medidas, llevar al juzgado varios contratos. La comisión de investigación nació a iniciativa del grupo SCAL, que había detectado supuestas anomalías en las facturas para la adquisición de mobiliario en los centros municipales de jubilados, es lo que se dio en llamar el "caso Mymo". La presidencia de la comisión recayó en el entonces edil del PP José Antonio Rovira, mientras que fue designada secretaria la representante de Esquerra Unida, María Teresa Molares. Estos dos grupos ampliaron a otras adjudicaciones municipales el objetivo de esa comisión.
Algunas de las irregularidades denunciadas surgieron precisamente en las adjudicaciones al empresario Enrique Ortiz. Las ofertas de la empresa se registraron cinco días antes de que se publicara el anuncio en prensa.
