El juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante -pendiente de ser aprobado por la Generalitat- tiene previsto solicitar un informe sobre dicha planificación urbanística a un perito especializado para que determine si realmente el empresario Enrique Ortiz se aprovechó de información privilegiada para salir beneficiado, como sostiene la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Dicho informe pericial aún no ha sido encargado porque el juzgado de Instrucción número 5, donde se abrieron las diligencias por la pieza separada del caso Brugal, todavía no ha recibido del juez de Orihuela la causa completa y por tanto no puede tomar ni siquiera declaración a ninguno de los 21 implicados que aparecen en los informes de la policía y del fiscal anticorrupción.
Una vez reciba toda la causa, especialmente el audio de las intervenciones telefónicas del caso Brugal, el juez Manrique Tejada del Castillo podrá interrogar a implicados y realizar las diligencias necesarias para decidir si continúa la investigación o bien considera que hay indicios de delito en la actuación de Alperi y se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por su condición de aforado al ser diputado autonómico.
El encargo del informe se realizará probablemente a un especialista técnico que no tenga vinculaciones con la provincia ni con ninguno de los 21 implicados en el caso por la Fiscalía Anticorrupción con el fin de conocer con más objetividad si el nuevo PGOU, pendiente de ser aprobado por la Generalitat, genera beneficios a Enrique Ortiz.
En los informes policiales y del fiscal anticorrupción se mantiene que Enrique Ortiz presuntamente pudo cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario. Según el fiscal, el empresario Enrique Ortiz, además de pedir y recibir de forma continuada información privilegiada sobre la nueva redacción del PGOU, presuntamente logró resolver a su medida aspectos relevantes del plan, compró terrenos valiosos por su futura recalificación y pactó un acuerdo lucrativo para él con la remodelación del estadio Rico Pérez. Para obtener dichos beneficios, supuestamente Ortiz agasajó con diferentes dádivas a la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y a antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.
Sonia Castedo admitió, tras estallar el escándalo Brugal, que se fue de vacaciones a Ibiza en el yate del empresario, pero negó que Ortiz hubiera recibido trato de favor en la redacción del plan general de ordenación urbana y aseguró que "no consiguió nada de lo que pidió".
Ilocalizable el empresario que contrató el jet en el que Alperi voló a Creta
La investigación policial y judicial sobre el viaje de Alperi a Creta en un jet privado aún no ha podido aclarar cómo se pagó el vuelo, cuyos gastos atribuye el fiscal a Ortiz, porque la empresa que contrató el vuelo con la compañía propietaria del avión está sin actividad social en la actualidad, el responsable se encuentra en paradero desconocido y la Policía no le ha localizado hasta el momento. Esta empresa supuestamente también pudo ser intermediaria con otra sociedad o persona que encargó el viaje, por lo que los investigadores continúan sus indagaciones para intentan buscar pruebas que demuestren que dicho vuelo fue pagado por el constructor investigado en la causa sobre el Plan General de Ordenación Urbana.
El coste del viaje superó los 50.000 euros y hasta el momento el ex alcalde y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, no se ha pronunciado sobre las circunstancias del mismo. En las diligencias secretas del caso Brugal se ha incluido un vídeo grabado por la Policía Nacional en el que aparece Alperi embarcando en un jet privado junto con la delegada de Presidencia del Ayuntamiento, Sonia Alegría. Dicho vídeo aún no ha sido remitido por el juez de Orihuela al magistrado de Alicante que lleva el caso. P. c. alicante
