El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha admitido a trámite la querella de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) contra la dirección de la Empresa Metroplitana de Aguas Residuales (Emarsa) y varias empresas por el agujero de 15 millones generado en la depuradora de Pinedo. Según ha podido saber Levante-EMV, el magistrado ha llamado a declarar como imputados al gerente, Esteban Cuesta, y al director financiero, Enrique Arnal, ambos cargos colocados por el PP. También deberán rendir cuentas como imputados Mari Paz García Martínez, administradora única de Valmasmark SL y Construcciones Rocafort; Sebastián García Martínez, administrador único de Procesadores Valencia y apoderado de Sofitec Informática y a Víctor Manuel García Martínez, administrador único de Sofitec Informática.
Fuentes judiciales explicaron a este periódico que el juez estima que la relación mercantil de estas empresas puede considerarse como hechos ilícitos punibles penalmente. De hecho, considera que existen "notables diferencias entre conceptos facturados y materiales existentes (o directamente ausentes), una reiteración de las irregularidades en sucesivas facturas, coincidencia de las mismas personas de las representación legal de las varias mercantiles implicadas, incluso el posible vínculo familiar, y en especial la ausencia de justificación aceptable a tales anomalías".
Cabe recordar que estas empresas facturaron supuestamente cantidades millonarias por trabajos que no se realizaron o materiales que nunca llegaron a la depuradora. En sus años de relación con la Emarsa estas firmas de construcción e informática cobraron 8.783.000 euros.
El caso más clamoroso fue el pago por parte de la depuradora de 3,5 millones de euros en material informático a la empresa Sofitec, la firma de Sebastián García Martínez, conocido como Chanin, y su hermano. Y es que con la liquidación de la empresa pública se constató que Emarsa solo tenía ordenadores por valor de 30.000 euros.
Por otra parte, según las mismas fuentes, el juez exige la entrega de los pagarés que todavía tenían en su poder los empresarios imputados por valor de 1,1 millón de euros. El magistrado intenta que esas cantidades, que podrían pertenecer a trabajos no realizados o servicios no prestados, no sean cobradas. En concreto se trata de pagarés por valor de 200.321 euros a Procesadores Valencia, 200.507 euros a Sofitec, 413.467 euros a Construcciones Rocafort y 281.464 euros a Valmasark.
Investigará el patrimonio
El juez investigará también las cuentas y los patrimonios de los denunciados así como anuncia que en sucesivos días irá ampliando el número de imputados y las empresas. De hecho, la Emshi amplió su denuncia a la empresa de tratamientos de lodos y a la firma de transporte de fangos, propiedad de un concejal del PP en Albuixech, todos por servicios cobrados y supuestamente no realizados. El magistrado del juzgado número 15 de Valencia todavía debe pronunciarse sobre estas personas físicas y jurídicas.
Además, según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, el jefe de Mantenimiento y el director de Mantenimiento de la depuradora han sido citados a declarar por el juez en calidad de testigos. También ha solicitado todas las facturas y las auditorías realizadas por Mazars desde 2004. En este sentido, cabe recordar que Mazars también fue denunciada por la Emshi.
Por su parte, Esteban Cuesta, gerente y exalcalde pedáneo de Benimàmet por el PP, tendrá que explicar el gasto de dinero de la depuradora en joyas, viajes, relojes y bolsos de las mejores marcas. También el director financiero, Enrique Arnal, deberá responder por una gestión que ha acabado con la liquidación de Emarsa con un agujero de 15 millones de euros. Arnal llegó a la depuradora en 1996 de la mano del concejal del PP en la ciudad de Valencia, Juan Vicente Jurado.
