El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rompió ayer el silencio que suele guardar sobre su situación judicial y pidió a la Fiscalía que aplique la "doctrina Chaves" o la "doctrina Bono" en la causa de los trajes. Es decir, el jefe del Consell, imputado por un presunto delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos en forma de trajes de la trama Gürtel, reclamó al fiscal del caso que defienda el archivo al afirmar que "desde mayo (fecha en la que Supremo obligó al TSJ valenciano a reabrir la causa) todas las pruebas han venido machaconamente dándome la razón".

Las declaraciones de Camps a los periodistas tuvieron lugar el día en que se difundió una providencia del juez instructor de la causa de los trajes, José Flors, en el que se dan por concluidas las diligencias y se solicita al fiscal y a la acusación particular (ejercida por el PSPV) que en el plazo de cinco días presenten sus conclusiones sobre Camps y el resto de imputados en la causa -el diputado Ricardo Costa; el ex jefe de Gabinete de Milagrosa Martínez, Rafael Betoret; y el vicepresidente del Consell, Victor Campos - con el objeto de que se pronuncien sobre la apetura del juicio oral.

La resolución del magistrado acerca en el tiempo su decisión sobre si el jefe del Consell debe o no sentarse en el banquillo y ser juzgado por un tribunal popular por cohecho impropio, un delito que el Código Penal castiga con pena de multa y que no implica inhabilitación para ejercer cargo público, pero que ha puesto a Camps en una delicada situación política. De hecho, la providencia de Flors devolvió ayer a primera línea del escenario político valenciano y nacional el debate sobre el futuro del jefe del Consell a escasos cuatro meses de las elecciones autonómicas. Aunque por una cuestión de plazos ni la defensa ni la acusación particular ven posible que el presidente se siente en el banquillo antes de las elecciones, la duda está en si la decisión definitiva sobre la apertura de juicio -que situaría a Camps en una situación similar al del procesamiento- se tomará con los carteles del líder del PP valenciano en la calle, es decir, en plena campaña electoral. Y es en este punto donde se centra la batalla judicial de Camps y el PSPV. Mientras que el primero seguirá haciendo todo lo posible para dilatar el proceso y evitar este escenario -ayer mismo sus abogados presentaron varios recursos ante el TSJ-CV por denegación de pruebas-, los socialistas valencianos confían en que la causa avance y Camps haga campaña con el desgaste de tener pendiente un juicio por cohecho.

De momento, según fuentes judiciales el calendario más previsible es que en el plazo de un mes, Flor, tras escuchar a todas las partes, resuelva si, tal como concluyó hace dos años, debe haber juicio. Aunque dentro del PP siguen vivas las voces que creen que el presidente del PP, Mariano Rajoy, debería tomar medida para impedir que Camps sea el candidato; la hoja de ruta de Génova no ha cambiado de momento y pasa porque repita como cártel electoral en la Comunitat Valenciana.

La dirección nacional confía, en base a lo que traslada a Rajoy el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, en que no habrá decisión definitiva sobre el juicio antes de elecciones e incluso barajan el archivo, una opción que se antoja bastante difícil habida cuenta de que el auto de 2009 de Flors en el que se defendía la apertura de juicio fue avalado por unanimidad por el Supremo. Incluso en el entorno del presidente se ve difícil escapar del banquillo -Flors ha denegado a la defensa la mayoría de las pruebas-, si bien se agotarán todas la vías de recurso necesarias.

En sus declaraciones, Camps incidió en la estrategia popular de sembrar dudas sobre la imparcialidad del fiscal. Para el presidente, el fiscal tiene "todas las opciones favorables" para hacer un escrito a su favor y "por una vez por todas, demostrarnos que va aplicar la misma vara de medir independientemente, de si es militante del PP o del PSOE". "Fíjense si lo tiene fácil: la doctrina Bono o la doctrina Chaves para acabar definitivamente con esta cuestión", reiteró. E insistió en que todas las pruebas, tanto testificales como documentales de estos meses ratifican su versión de que se pagó los trajes. En la misma línea de cuestionar al fiscal se pronunció la alcaldesa Rita Barberá.