En una coyuntura marcada por una crisis económica galopante y global, muchos son los valencianos que -ante la ausencia de ofertas decentes- se ven obligados a aceptar un empleo sin regular. Así lo exponen los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que cifra en más de 93 millones de euros el fraude causado a las arcas de la Seguridad Social durante los meses de enero y septiembre del año pasado por las contrataciones clandestinas.
Los datos avalan que la economía sumergida provoca en la Comunitat Valenciana pérdidas diarias por valor de 345.000 euros a la arcas del Estado. Por provincias, Valencia -47.765.070 euros- lideró el escalafón, seguida por Alicante -32.712.548 euros- y Castelló -12.652.408 euros-.
Empar Pablo -responsable de Comunicación de CC OO- expuso que "desde hace bastante tiempo observamos con preocupación la huella que la economía sumergida deja en nuestra autonomía. Lo que debemos pedirle al Gobierno es que cambie sus políticas actuales y no apueste por recortar medios e inspectores en próximas reformas. Hablamos de una tendencia que podría ser totalmente contraproducente".
Pese a la "escasez de medios" denunciada, los expedientes tramitados por los inspectores de Trabajo en los primeros nueve meses del año pasado en la C. Valenciana rozaron las 50.000 actuaciones -48.067-. La mayoría, 27.923, tuvieron lugar en la provincia de Valencia, por 14.679 diligencias en Alicante y 5.465 en Castelló. Las cerca de 50.000 intervenciones se tradujeron en un total de 7.710 nuevas altas a la Seguridad Social, lo que equivale a una media de 25 inscripciones al día. El grupo mayoritario, 4.271 empleos reconocidos por la autoridades, se registró en Alicante. Valencia aglutinó 2.098 contrataciones y Castelló 801.
Aunque el informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración no diferencia la influencia de la economía sumergida por sectores, tanto desde UGT como CC OO apuntaron que los segmentos tradicionales -calzado, textil- son los más castigados. Sin embargo, Empar Pablo comentó que "la crisis ha recrudecido mucho las cosas. La hostelería, que vivió unos años muy buenos antes del golpe de la recesión, poco a poco se está viendo inmersa en esta dinámica. El día a día se hace muy difícil y, desgraciadamente, el trabajo clandestino siempre ha tenido huella en la C. Valenciana".
Por su parte, Gonzalo Pino, secretario de Acción Sindical de UGT, apuntó que "los datos aportados por Trabajo avalan por sí solos la dimensión de la economía sumergida en nuestra autonomía" y pidió al Gobierno que "una vez conocidas las cifras globales, lo que debe hacer es actuar contra los infractores".
8,2 millones en multas
De hecho, las sanciones impuestas entre enero y septiembre por las actuaciones protagonizadas por los controladores de la Seguridad Social alcanzaron un montante de 8.225,669 euros. Más de la mitad -4.289.035 euros- se tramitaron en Alicante. En Valencia rozaron los tres millones de euros -2.908.547 euros- y en Castelló llegaron hasta los 1.028.097 euros.
Los 8,2 millones de euros acumulados por las multas proceden de las 5.781 infracciones registradas en acta. Alicante -con 3.410 expedientes- se convirtió de nuevo en la zona con mayor ratio de actividad. En Valencia se gestionaron 1.818 diligencias y 553 en Castelló. Tomando las últimas cifras como referencia, el importe medio de las multas fue de 1.422 euros. Un dato muy alejado de los 91 millones de euros defraudados a la Seguridad Social por parte del empresariado valenciano.
Cabe recordar que hace seis días el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció la vertebración de un plan de choque para crear empleo. Uno de los objetivos es luchar contra la economía sumergida. Los datos sitúan a la Comunitat Valenciana como una de las zonas donde se debe actuar.
