La agenda institucional del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de los consellers a partir de la convocatoria de elecciones el próximo 28 de marzo corre grave riesgo de reducirse a la mínima expresión si el Consell cumple con los rigores de la nueva ley electoral. Las reformas introducidas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) -publicadas en el BOE de 28 de enero- prohibirán a Camps y a su Consell, como al resto de gobiernos autonómicos o municipales, hacer autobombo una vez se disuelvan las Corts y se convoquen elecciones, una restricción que obligará al líder popular y a su equipo a cambiar de estrategia y emplear grandes dosis de imaginación.
El jefe del Consell está evitando saltar a la arena y prefiere mantener un perfil institucional con actos públicos que en su mayoría tienen como fin poner en valor la gestión. Con la nueva ley ni él, si finalmente la dirección nacional del PP lo confirma como candidato, ni el resto de aspirantes con cargo público -léase alcaldes- podrá sacar partido de su posición institucional con fines electorales. La Loreg es tajante a este respecto al vetar durante el periodo citado (entre el 28 de marzo y el 22 de mayo) "cualquier acto organizado o financiado por poderes públicos que contengan alusiones a realizaciones o logros obtenidos". Además, se prohíbe la celebración de cualquier acto de inauguración de obras, servicios públicos o proyectos. La prohibición va mucho más lejos que la que incluía la antigua ley que sólo impedía la inauguración de obras, una restricción que políticos de uno u otro signo burlaban organizando "visitas" de obras, en lugar de inauguraciones.
Sin carteles, ni banderolas
El panorama es tal que el propio presidente del PP provincial de Valencia, Alfonso Rus, instó el pasado martes a los alcaldes de su partido a inaugurar antes del 28 de marzo todas las obras del Plan Confianza, el proyecto estrella del Consell contra la crisis. El Ejecutivo valenciano es consciente de que tendrá que acomodarse a la nueva ley, pero no están dispuestos sin más a renunciar a propagar su gestión, de ahí que dan por descontado que durante estas elecciones habrá un acumulación de recursos ante la Junta Electoral Central, que será quien tendrá que decidir donde están los límites. De hecho, fuentes del PSPV señalaron a este diario que estarán muy atentos a los anuncios de la campaña "Som comunitat" para recurrirlos si no se esfuman de los medios de comunicación a partir del 29 de marzo.
Los cambios en la Loreg no sólo afectarán a las agendas de los cargos públicos. Todos los partidos tendrán que replantearse sus actos de campaña, ya que la nueva norma impide también que desde la convocatoria de elecciones hasta el inicio legal de la campaña (el 7 de mayo) hagan propaganda electoral, "no pudiéndose justificar dichas acciones por ejercicio de actividades ordinarias de los partidos". Si el anterior marco legal prohibía únicamente pedir el voto antes de la estricta campaña, la nueva Loreg ha desterrado directamente carteles, vallas, banderolas y cualquier otro soporte de propaganda política entre el día que se convoquen elecciones y el del inicio de la campaña, esto es, la noche de la tradicional pegada de carteles.
Además no se podrán contratar espacios de propaganda electoral en medios privados. Sólo será posible en medios de comunicación públicos, es decir, en RTVV. Con todo, el Consell ha elevado una consulta para conocer el alcance de la aplicación de este apartado de la Loreg. Lo mismo que partidos como Esquerra Unida o PSPV, donde sus servicios jurídicos han estudiado exactamente qué actos podrán desarrollar y cuáles no. Estas formaciones, lo mismo que Compromís, han adaptado su planificación electoral al nuevo escenario. Así, Esquerra Unida colgará este fin de semana sus carteles de precampaña con el lema "Treball, honradesa, igualtat" -se reproduce arriba- y la imagen de Marga Sanz, Marina Albiol y Lluís Torró, cabezas de lista por Valencia, Castelló y Alicante.
Toda la propaganda quedará en cuarentena después del 28 de marzo. "Nos ahorraremos mucho dinero, pero habrá cierta inseguridad jurídica en los actos", explican desde el PSPV. De entrada, celebran como una suerte lo que en su día fue un problema: la retirada de las cuñas radiofónicas en las que denunciaban la presunta corrupción del Consell de Camps. Fue a instancias del PP, que apeló a la Ley de Comunicación Audiovisual que impide la publicidad política fuera de campaña. Los socialistas tenían programado un despliegue de anuncios en radio desde noviembre hasta la mismísima jornada de reflexión. Ahora tienen un problema menos y decenas de miles de euros más, destacan. Los carteles de los autobuses de la EMT en los que circula el candidato Jorge Alarte desaparecerán en los cuarenta días de sequía de propaganda. Lo mismo sucederá con las vallas de la aspirante a la alcaldía de Alicante, Elena Martín, quien hace ya semanas que empezó a desplegar carteles para ganar proyección pública.
En EU tienen programado desde hace ya un tiempo -antes del cambio legal- un gran acto para celebrar el 25 aniversario del nacimiento de la formación. Será en abril y acudirá el coordinador general de IU, Cayo Lara. De entrada es un acto de partido al margen de la propaganda electoral. Salvo que la promoción del mismo pueda contravenir la norma. Desde EU indicaron que por precaución elevarán consulta a la Junta Electoral cuando alberguen dudas. El órgano que vela por el cumplimiento de las reglas del juego en precampaña y campaña tiene por delante un horizonte de estrés laboral.
