Aunque el Vaticano sea una teocracia con un monarca absoluto y no exista la división de poderes, el miniestado católico tiene su propia Corte Suprema, igual que la Iglesia dispone de un Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. Al frente de ambas instituciones está el cardenal estadounidense Raymond Burke, que ayer inauguró en Valencia el año judicial eclesiástico con una velada autocrítica al elitismo de los tribunales eclesiásticos que dirimen sobre las nulidades matrimoniales que permiten una segunda boda por la Iglesia. Según conminó Burke, "conviene resaltar que debe respetarse el completo derecho de las personas, también a las personas menos pudientes, a acceder a los tribunales".

Más todavía: el cardenal Burke dijo que el coste del proceso judicial ha de procurar que "los fieles no se vean apartados del ministerio de los tribunales, con grave daño para las almas". Por ello, sostuvo, "dada la importancia fundamental e insustituible del matrimonio y de la familia para la vida de la Iglesia y de la sociedad, sería oportuno que el obispo moderador [del tribunal eclesiástico de cada diócesis] pudiera disponer, gracias a la recaudación fiscal de la diócesis, de los medios económicos que le permitan ayudar a aquellos que no puedan asumir los gastos del proceso".

Además del coste económico, el prefecto del Tribunal Supremo de la Iglesia reivindicó que los fieles tienen el derecho a "obtener en tiempo razonable" la respuesta de los juzgados eclesiásticos, "pues se trata de personas que viven en una situación matrimonial difícil, y que están al mismo tiempo angustiados por la gran duda acerca de la validez de su matrimonio".

Contra el "divorcio católico"

Ahora bien: que este príncipe de la Iglesia quiera acercar la justicia eclesiástica a los pobres y pida agilizar los procesos, no quiere decir que sea un entusiasta de las nulidades. Todo lo contrario. En su lección magistral pronunciada en el acto de ayer, Raymond Burke arremetió contra los casos en que se concede la nulidad matrimonial usando las causas canónicas de nulidad "como meras justificaciones formales". Es decir, que prima el pago y se olvida el fondo de la causa. Él, reveló, ha conocido casos de tribunales eclesiásticos en los que "se rellenaban formularios que conducían a la anulación del matrimonio. Es decir, una especie de divorcio católico", condenó.

Y eso, remarcó el cardenal, hay que evitarlo. "No resulta creíble sostener la ley del Señor sobre la indisolubilidad del matrimonio y tratar después las causas de nulidad matrimonial sin la adecuada preparación y con ligereza. Es decir, con un procedimiento formalista, o empleando una jurisprudencia poco seria que no respeta el sacro matrimonio", afirmó.

Burke insistió en que el obispo de una diócesis no debe delegar la administración de justicia en sus vicarios judiciales y olvidarse de ella porque es "una parte esencial de su misión pastoral", ya que "sin justicia no hay caridad".

El 20% de los casos de 2010 se atendieron gratis o con rebaja

Las peticiones de nulidad matrimonial al Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Valencia aumentaron un 24% el año pasado hasta alcanzar las 93 demandas en primera instancia para conseguir el divorcio que permite segundas nupcias a través de la Iglesia. Así consta en la memoria judicial eclesiástica de 2010 hecha pública ayer durante la apertura del año judicial eclesiástico de Valencia.

Sorprende un dato: este tribunal, considerado elitista y sólo apto para ricos, atendió el año pasado "todas las peticiones de justicia gratuita" realizadas por los fieles que lo solicitaron. En concreto, hubo 14 causas de patrocinio gratuito y otras 5 de reducción de costas, lo que representa el 20% de todos los procesos iniciados en la archidiócesis de Valencia. Por tercer año han crecido las peticiones de gratuidad atendidas. Fuentes del tribunal atribuyeron esta ampliación de la gratuidad a la "solidaridad" de la Iglesia y a la "generosidad, diligencia y celeridad de los abogados, y de los peritos en la recepción y gestión de las causas".

En su breve alocución, el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, defendió la relevancia de "prestar patrocinio gratuito" para que cualquier persona pueda defender sus derechos. p. cerdà valencia