La decisión del Gobierno de limitar temporalmente la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros hora para ahorrar combustible ha generado oposición en muchos sectores de la sociedad. Tres días después de anunciarse la medida, desde Valencia se ha impulsado una plataforma llamada "No a los 110" para recoger firmas en contra del cambio normativo.
Los impulsores del movimiento cívico argumentan que la medida tiene un "afán recaudatorio" y aseguran que la reducción de velocidad solo aportará más gasto público en el cambio de la señalización, en concreto el propio Gobierno lo ha cifrado en unos 350.000 euros. Desde "No a los 110", que recogen las firmas en la dirección de internet www.110no.com, han realizado un decálogo de motivos por los que se oponen al cambio legal.
Según explican en su argumentario, la medida impulsada por el Gobierno central "no ahorra energía", ya que el consumo "es prácticamente el mismo a 110 que a 120 km/h". Critican que el precio del combustible está ahora más alto que cuando el barril estaba a 150 dólares y culpan de ello a los "excesivos impuestos del Gobierno en esta materia que suponen el 50 % del coste total". Comparan a España con el resto de países que no han reducido el límite de velocidad y censuran la medida, ya que se ha invertido mucho dinero público en adecuar autovías y autopistas a la circulación a 120 kilómetros por hora.
Desde la Dirección General de Tráfico aseguraron ayer que la medida se pondrá en marcha el próximo lunes 7 de enero en todas las autopistas y autovías del Estado, incluidas las de propiedad y gestión autonómica.
Por su parte, desde las empresas de mantenimiento de autovías explicaron que el cambio de señalización se deberá hacer el próximo sábado por la noche para que el domingo ya esté señalizado. En una circular del Gobierno instan a utilizar los adhesivos imantados para modificar la velocidad.
