El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha desestimado la mayor parte de la prueba que pedía el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, antes de la apertura del juicio oral por la causa de los trajes. La sala ha accedido a que en la vistilla previa al juicio se practiquen pruebas menores, pero se ha opuesto a que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, declare en la audiencia preliminar. El tribunal también ha rechazado todas las pruebas que solicitaba el acusado Rafael Betoret -exjefe de protocolo de la Conselleria de Turismo-. El juez instructor, José Flors, ya sólo espera la resolución de un último recurso sobre la inclusión en el juicio de los cabecillas de la trama -Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez (El Bigotes)- para convocar la vistilla previa.
Las pruebas rechazadas por la sala de lo Civil y Penal del TSJ ya fueron desestimadas por el juez instructor. El objetivo último de la batería de recursos de Camps, según algunos juristas, ha sido demorar al máximo la apertura del juicio oral para evitar sentarse en el banquillo antes de las elecciones. Flors llegó a advertir de la "absoluta inutilidad" de algunas pruebas pedidas por las defensas de los cuatro acusados (Camps, Betoret, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa).
La sala se ha opuesto a que declare en la audiencia preliminar Francisco Correa porque no se ha acreditado que su testimonio sea imprescindible para decidir entre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. El auto apunta que "por extraño que pueda parecer", el recurrente -Camps- afirma que Correa no ha llegado a declarar a pesar de que la acusación lo ha presentado "como el centro de una organización de empresas y personas que han dado lugar a toda una serie de hechos considerados delictivos". Eso supone, según el TSJ, que Francisco Correa declararía por primera vez.
El tribunal también ha rechazado que en la audiencia preliminar comparezca un perito de Camps para declarar sobre el informe realizado por los técnicos de la Agencia Tributaria. La sala advierte de que "ratificar un dictamen y contestar a las aclaraciones pedidas es algo que debe hacer quien ha hecho el dictamen".
Además, el TSJ ha desestimado la pretensión de la defensa de Camps de que se constate formalmente que el sastre José Tomás ha interpuesto una querella contra Eduardo Hinojosa, dueño de las tiendas Forever Young y Milano. José Flors ya advirtió de que no sabe qué relación puede guardar la querella de Tomás con la causa de los trajes. La sala coincide con él.
El TSJ sí que ha aceptado que en la vistilla previa testifiquen el chófer y el escolta de Camps. El jefe del Consell alegó que en verano de 2008 pidió dinero en efectivo a su chófer y al escolta para pagar una chaqueta en una de las tiendas que le suministró los trajes. El juez Flors se opuso a la prueba por su "absoluta inutilidad" porque en el proceso "nadie" ha puesto "en duda" que la chaqueta fue pagada en metálico por Camps.
Sin embargo, la sala sostiene que la declaración del conductor y el escolta "no es inútil" ya que "podría, en general, tener alguna influencia en la apertura del juicio o el sobreseimiento".
El TSJ también ha admitido que en la vistilla previa preste declaración como testigo el gerente de Orange Market, Cándido Herrero. La testifical de Herrero fue pedida como consecuencia de la declaración de otro testigo. La sala acepta la prueba por una cuestión procesal ya que considera que Flors no calibró si era imprescindible o no como exige la Ley del Jurado.
Recurso de Rafael Betoret
El TSJ ha rechazado en un segundo auto todos los recursos que había interpuesto Rafael Betoret. El acusado -que acaba de cambiar de abogado- recurrió contra la decisión del juez instructor de no admitir la incorporación de las escuchas intervenidas en la cárcel entre los abogados y los cabecillas de la trama Gürtel. El letrado de Betoret apuntaba que en las conversaciones el número dos de la red -Pablo Crespo- "manifestaba que por lo que se refiere a Valencia sobre el caso Gürtel "no había nada", mencionado expresamente a su defendido".
El TSJ tampoco considera necesario instar al grupo del Cuerpo Nacional de Policía que registró los locales de Orange Market en Valencia a que presente unos informes de unos detectives privados que estaban en las dependencias y que supuestamente son exculpatorios.
